Las agencias calificadoras no tienen capacidad moral y técnica para evaluar a los gobiernos porque actúan con intereses políticos y económicos, afirmaron senadores y economistas.
En el foro Internacional de Regulación y Operación de las Calificadoras de Riesgo, organizado por el Senado de la República, detallaron que después de la crisis de Leman Brothers en 2008, en las que sus calificaciones no reflejaron la situación que se vivía en Estados Unidos, su solvencia moral es nula.
En su inauguración, el presidente de la cámara alta, Martí Batres Guadarrama, enfatizó que no hay ninguna propuesta legislativa sobre las calificadoras, «nada más estamos pensando, analizando. Nos han llenado de inquietud algunas decisiones de las calificadoras».
Puntualizó que las decisiones de las agencias no tomaron en cuenta el combate del robo de combustible, pero si el cambio del modelo energético a la hora de emitir sus documentos sobre Pemex.
«Estas decisiones causan preocupación. La exagerada sensibilidad de las agencias calificadoras motiva la reflexión», explicó Batres Guadarrama.
Destacó que la producción propia de gasolinas ayuda a las finanzas públicas de México, asuntos que competen directamente a las agencias calificadoras.
El senador de Morena, Salomón Jara, enfatizó que las calificadoras «persiguen una intencionalidad y promueven una agenda en favor de capital financiero, tienen un doble juego».
El economista de la UNAM, Arturo Huerta, explicó que las agencias calificadoras tienen criterios contradictorios e inoperantes sobre la actividad económica.
Detalló que evalúan la disciplina fiscal sin importar el desarrollo económico, «ya que sólo les interesa la capacidad de pago», indicó el académico.
Enfatizó que trabajan en favor del gran capital nacional e internacional con intereses políticos y económicos.
«El mejorar a Pemex y CFE ayudan a la generación de ingresos y por consecuencia a mejores condiciones de pago».
Bajo este razonamiento, apuntó que trabajan en favor de la privatización y de interés político como se demostró en el sexenio de Salinas de Gortari.
Por último, Batres Guadarrama reconoció la influencia de las notas de las calificadoras en las decisiones públicas de los gobiernos.
