Las facturas falsas se utilizan por “empresas grandototas” y el crimen organizado para dañar al erario por más de un billón de pesos, informó el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, en la presentación de una modificación al dictamen que se discutió en la la sede de Insurgentes y Reforma.
Para tranquilidad del sector privado no nos metemos con “defraudación fiscal y se creal el 113 Bis del Código Fiscal de la Federación en el que se establece que estará en prisión de 5 a 8 años quien adquiera, expida o enajene comprobantes fiscales que amparen actos simulados o falsos porque ya no tendrán capacidad de fianza para quedar libres”.
La preocupación del sector privado estaba centrada en que podían ser engañados por los empleados al incoporar facturas falsas para comprobación de gastos. “El que vende la factura es delito siempre, quien la compra tendrá un salvavidas de 2 millones de pesos, quien rebase el tope va para adentro por delinquir”.
«Ya hicimos unos ajustes para que el sector empresarial se sienta tranquilo y cómodo y juntos vayamos por este gran cáncer», dijo García Sepúlveda.
Explicó que el debate se tiene sobre prisión oficiosa porque cuando dos o tres empresas confabulan para robarse los impuestos es delincuencia organizada, dos o tres empresarios haciendo trampa, eso es lo que está en debate, porque sería un arma muy útil, explicó García Sepúlveda.
El senador de MC indicó que de acuerdo con un estudio de la Prodecon se pierde 1.07 billones de pesos por la compra-venta de facturas al evadir 800 mil mdp en Impuesto Sobre la Renta y 300 mil mdp en el IVA y se subiría el promedio de recaudación de 13 a 18 por ciento que pide la OCDE.
Finalmente, adelantó que con esta legislación el año entrante el gobierno federal tendrá un billón de pesos adicionales para el Presupuesto 2020.
