La cúpula empresarial señaló que la educación es un derecho constitucional de la niñez y debe buscar los mejores resultados para abatir los rezagos en matemáticas y comprensión lectora.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propone como meta de corto plazo reducir el nivel de insuficiente en matemáticas y comprensión lectora en 20 por ciento para el ciclo escolar 2020-2021 y llevarlo a 17 por ciento para 2023-2024.
Se especificaron los cinco elementos considerados por el sector privado como indispensables para mejorar en materia educativa: el aprendizaje de niños y niñas en el centro de la discusión; los mejores maestros frente al grupo; información relevante y pública, con diagnóstico independiente y riguroso; Presupuesto y capacidad técnica suficiente, y metas claras y audaces encaminadas a la mejora acelerada y continua.
Se delega indebidamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la facultad exclusiva del Congreso de la Unión de regular los procesos de selección de maestros.
Se propone que los procesos sean estipulados en las leyes para garantizar la imparcialidad y el rigor, que sean constantes y se lleven a cabo en tiempo y forma.
Se garantizan plazas a los egresados de las escuelas normales. En la práctica solo los maestros que demuestren las competencias requeridas (requisitos mínimos) según valoración rigurosa deben de estar al frente de un salón de clases.
Se prioriza a los egresados de las escuelas normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio. Como propuesta es fundamental que, en la práctica, sólo se dé prioridad en caso de que exista un empate entre candidatos.
Se celebran procesos públicos para que las Autoridades Estatales y Locales (AEL) y sindicatos, en una mesa tripartita, puedan valorar los procesos de selección.
La participación en ningún caso deberá traducirse en cambios arbitrarios y se pide que sean procesos públicos que incluyan a más actores sociales, para que la participación sea imparcial y objetiva.
Se contempla la participación activa de los sindicatos y AEL en los procesos de adscripción. La propuesta es que sea la SEP quien verifique los datos, que los cambios sean públicos y con base en el perfil y el desempeño de los aspirantes.
En cuanto a la necesidad de desarrollar un sistema integral de formación, capacitación y actualización, se reconoce como un pendiente importante y se insiste en la necesidad de que sea pertinente, accesible y con evaluaciones constantes y obligatorias; “es urgente definir los cómos para su desarrollo y como sector privado reiteramos nuestro apoyo para su construcción” subrayó Pablo González, Pablo González Guajardo, presidente de la Comisión de Educación del Sector Empresarial (CESE) y CEO de Kimberly Clark México.