El plan emergente de reactivación económica no sólo se debe enfocar en los más vulnerables, se requiere una estrategia integral desde el gobierno, sector privado y social para evitar la caída histórica que se prevé en el crecimiento económica del país, afirmó el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CCESP) señaló que hasta el momento no se perciben acciones claras del gobierno federal que apunten en una reactivación económica.
“Simplemente insiste en señales de política económica, más bien confusas, que no muestran un rumbo claro de la estrategia gubernamental. Incluso, se podría decir que el objetivo se ajusta más a un tema político electoral que de bienestar y crecimiento”.
El pasado 05 de Abril el Presidente de la República no presentó una estrategia clara e integral para hacer frente a la crisis, sino que sólo anticipó algunas medidas para hacerlo mediante el Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo que expuso en su informe.
“Hasta el momento, según el Presidente, la estrategia para enfrentar la pandemia del Covid-19 va por buen camino, incluso señaló que sin triunfalismos, México es, después de la India, el país con menos infectados por coronavirus y el tercer país con menos defunciones por número de habitantes”, enfatizó el CEESP.
Ek CEESP indicó que hay varias opiniones negativas respecto a la actitud del gobierno ante la pandemia, como por ejemplo la publicada por el periódico estadounidense, The Washington Post, que considera a López Obrador, junto al de los Estados Unidos, Donald Trump, y al de Brasil, Jair Bolsonaro, dentro de los peores Presidentes frente a la emergencia del Covid-19.
El Presidente señaló además que entre las acciones para reactivar rápidamente la economía está la decisión de no incrementar los precios de los combustibles.
Para que bajara el precio de la gasolina, se decidió no ajustar al alza el impuesto especial a la producción y servicios sobre la misma, lo que actúa en contra de la salud de las finanzas públicas, en un momento se verán afectadas por la misma caída del precio del petróleo, advirtió el sector privado.
Además, confirmó la permanencia de los programas sociales asistenciales y proyectos insignia que considera fundamentales para la creación de empleos y crecimiento de la economía.
El destacó que no está claro que tan efectivos sean los programas sociales actuales para reducir la pobreza en el país y también es dudoso que los proyectos de inversión insignia del gobierno generen rentabilidad social.
“Lo que se requiere en este momento son medidas urgentes de corto plazo, que tengan un impacto inmediato como mitigante de la situación difícil de, al menos, la mayoría de la población desprotegida en esta crisis como amortiguador de las pérdidas de empleo o ingresos de los trabajadores formales, y como apoyo a las empresas que sufrirán problemas de liquidez ante la reducción de ventas y flujos de ingresos”.
No hay que confundirse: un programa bien operado con estas características beneficiaría finalmente y en más de una forma al bienestar de los hogares, principalmente a los de menores recursos.
Respecto a la población de la economía informal, no está claro que con los programas sociales como están se puedan mitigar los efectos de la crisis. La información sobre los padrones y cobertura de los programas no permite concluir que la cobertura sea suficiente, advirtió el CEESP.
Esta situación puede convertirse en un problema sanitario grave y en uno de saqueo y violencia, alertó el sector privado. “Es urgente que este problema se atienda a fin de mitigarse antes de que surja de una manera incontrolable”.
El gobierno los debería apoyar con recursos líquidos temporalmente para que puedan mantenerse confinados en sus casas.
Con relación al sector laboral formal, se requiere de flexibilización de los recursos de las cuentas del Infonavit y Afores para que puedan ser fácilmente utilizadas para amortiguar, al menos parcial y temporalmente, las pérdidas de empleo o ingresos.
“La manera más eficiente y directa de mitigar los efectos sobre el empleo formal es mediante el apoyo a las empresas”, afirmó el CEESP.
El enfoque no debe ser sólo hacia las mipymes, las microempresas hasta con 10 trabajadores generan el 38 por ciento del empleo formal, las pequeñas que tienen entre 11 y 50 colaboradores el 15 por ciento, las empresas grandes con más de 250 personas emplean al 32 por ciento y las medianas con una plantilla de entre 51 y 250, generan el 16 por ciento.
“En el gobierno parece dominar la idea de que sólo se debe apoyar a los más pobres y eso mapea a las empresas más pequeñas, lo cual puede no ser acertado, pero es importante reconocer que, si bien las empresas más grandes pueden contar con un poco más de liquidez y recursos para lidiar con las primeras etapas de la crisis, muchas de ellas requerirán apoyo a fin de mantener su planta laboral y aunque sea parcialmente, su nómina”, puntualizó el CEESP.
Además, apuntó que es imprescindible reconocer que, como en todo el mundo, no todas las empresas grandes tienen rentas económicas o privilegios especiales como parecen pensar algunos miembros importantes del gobierno.
Algunas tendrán recursos más abundantes, pero muchas, las más, aunque sean grandes, enfrentarán problemas de solvencia durante la emergencia y ello las orillará necesariamente a reducir su nómina significativamente si no reciben facilidades fiscales y en el pago de la seguridad social.
En su propuesta, el sector empresarial ha señalado la importancia de dichas facilidades y ha subrayado que no se trata de condonaciones, reiteró el CEESP.
“Pero a todas luces, al apoyo gubernamental será necesario para proteger el empleo formal, en la medida de lo posible. Enfrentar la crisis y al mismo tiempo cumplir con las obligaciones fiscales y patronales será imposible tarde o temprano para la mayoría de las empresas”.
Desestimar las necesidades de las empresas en esta crisis, que sin duda se agravará, llevará a un mayor deterioro de la actividad económica.
“No facilitar la operación de las empresas en estos tiempos, y más aun, utilizar prácticas intimidatorias o persecutorias, simplemente aumentará el encono social en contra de ellas, sin ningún beneficio palpable para el empleo productivo y para la capacidad productiva del país”.
El sector privado insistirá en la necesidad de un acuerdo de envergadura, que funcione con la colaboración de todos los sectores para lograr acuerdos y acciones con resultados favorables para mitigar los efectos de la crisis.
La falta de participación del Ejecutivo en un mecanismo que facilite y ayude a la operación de las empresas en esta coyuntura y contribuir a que se proteja el empleo y los ingresos de los trabajadores tendría consecuencias negativas para el bienestar del país, especialmente en un entorno en el que se anticipa una caída histórica en la actividad productiva, alertó el CEESP.