El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recomienda a México algunas medidas económicas que se enfocan a trabajadores formales, informales, adultos mayores sin pensión y créditos a empresas con garantías públicas para que enfrenten la crisis del Covid-19.
El documento expone que para el caso de México, se estiman grandes afectaciones, que se reflejan en desafíos de gran magnitud que requieren de medidas proporcionales y oportunas, ya que una respuesta tardía puede aumentar el daño a los activos y, en consecuencia, alargar el proceso de recuperación.
Las recomendaciones de corto y mediano plazos para el caso mexicano van por temática y/o por población objetivo
Empleo formal
Se recomienda una política temporal que de soporte a los trabajadores despedidos en el periodo de reactivación y recuperación de la crisis.
El PNUD indicó que esta medida deberá ir acompañada de apoyos a empresas en forma de subsidios o créditos para evitar más despidos y ampliar la cobertura de seguridad social.
Sin embargo, se reconoce el estado avanzado de la crisis y el alto número de personas desempleadas que ha resultado de la misma, por lo que, además de los apoyos a empresas, se considera fundamental contar con esquemas de protección para esta población, evitando que se ubiquen en situaciones de vulnerabilidad por falta de ingresos.
Apoyos para las y los trabajadores del sector informal
La recomendación en el caso de México es contar con una intervención que les garantice, por lo menos, el acceso a la canasta básica de bienes y servicios durante el tiempo que dure la crisis.
Se calcula un gasto público mensual aproximado de 0.15 por ciento del PIB, sin contar con gastos de operación; ante un esquema de tres meses, el gasto total sería de 0.45 por ciento del PIB.
De acuerdo con la CEPAL, el gasto previsto para la atención de estas poblaciones en 22 países de la región de América Latina y el Caribe representarían alrededor de 0.7 por ciento del PIB de 2020; además, destacan los casos de Brasil, Colombia, Argentina y Perú al presentar la mayor cobertura de apoyos.
Adicionalmente, dado que se trata de más del 50 por ciento de la población ocupada del país, se reconoce la magnitud del reto de operar una intervención de este tipo, por lo que de implementarse se deberán diseñar mecanismos de focalización y priorización que permitan identificar a las personas que, dentro de este grupo en situación de vulnerabilidad, presentan mayores desventajas.
Asimismo, se recomienda buscar sinergias con los gobiernos estatales y municipales para el diseño y puesta en marcha de esta estrategia.
Personas pobreza extrema
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) calcula 9 millones 310 mil 153 personas en situación de pobreza extrema, lo que implica que, entre otras carencias, aun destinando todo su ingreso a la adquisición de alimentos, no pueden adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada.
Considerando un apoyo mensual de, por ejemplo, 3 mil 500 pesos a las personas en pobreza extrema, se tendría que destinar un gasto mensual aproximado correspondiente al 0.04 por ciento del PIB durante el periodo en el que transcurra la crisis.
Adultos mayores que no reciben pensiones contributivas
Para los 12 millones 026 mil personas adultas mayores que no reciben pensiones contributivas se calcula que su cobertura total requeriría realizar un gasto mensual aproximado equivalente a 0.06 por ciento del PIB.
Apoyos a empresas
En otros países de la región como Perú, se ha implementado una política de garantías públicas, equivalente al 8 por ciento del PIB, orientada a promover el otorgamiento de créditos de la banca comercial a las empresas, y a dar continuidad a las cadenas de pagos.
Una medida similar podría adoptarse en México para garantizar la liquidez de la banca comercial, mediante Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). La medida tendría un costo fiscal diferido en el tiempo.
Reapertura gradual
Adicionalmente, se recomienda que la reactivación sea paulatina. Una vez reabierta la economía, las empresas no deberán operar al 100 por ciento de su capacidad, sino limitar el número de personas empleadas y de clientes en un mismo espacio.