Los bonos verdes pueden ser alternativas de financiamiento para que los gobiernos locales impulsen acciones y proyectos que mitiguen los efectos del cambio climático y, al mismo tiempo, reporten beneficios a la población, señaló una investigación del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado «Bonos verdes y financiamiento de proyectos públicos locales», apuntó que, dada la escasez de recursos públicos, es necesario identificar nuevas fuentes de financiamiento de proyectos de infraestructura, especificó el centro de investigación del Senado de la República.
Actualmente, el potencial de los bonos verdes está sujeto a barreras de política, de mercado e institucionales que limitan su desarrollo como son la falta de conocimiento sobre los beneficios de los bonos verdes; falta de guías locales; costos para cumplir los requerimientos de los bonos verdes; escasez de calificaciones, índices y listas de bonos verdes; insuficiente oferta; dificultades para que los inversores internacionales accedan al mercado local, e insuficientes inversionistas locales.
Los bonos verdes se han convertido en una alternativa, pero se requiere de una estrecha colaboración entre los gobiernos federales, locales y los sistemas financieros público y privado, enfatizó el documento del IBD.
La investigación destacó el papel de la banca de desarrollo para resolver las fallas del mercado, el tamaño limitado del mercado y la atracción de capital privado y de inversionistas institucionales.
Los bonos son una forma de valores financieros, un contrato legal de deuda que puede ser comprado y vendido, son una forma de deuda y los inversionistas en bonos se vuelven acreedores de quienes los emitieron y reciben intereses fijos. Una vez que lo adquieren del emisor (a través de instituciones financieras), los bonos pueden ser comercializados en el mercado de valores.
La llegada de los bonos verdes a México ocurrió en medio del compromiso adquirido para producir hasta 35 por ciento de la electricidad total con energías renovables para 2024.
En el país, Rotoplas y BBVA Bancomer han incursionado en este tipo de instrumentos, así como el gobierno de la Ciudad de México y FIRA (este último para financiar proyectos de agricultura protegida).
El calentamiento global puede afectar distintas formas de vida, la agricultura y ocasionar el surgimiento o propagación de diversas enfermedades infecciosas.