El crecimiento económico estimado para el periodo 2021-2030 es menor al 2 por ciento, inferior al crecimiento de 2.5 por ciento en promedio de los 26 años por lo que se requiere un gobierno federal estable en el andamiaje jurídico y así generar inversiones locales y extranjeras.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) destacó que con esas tasas de crecimiento, el ingreso per cápita de México será menor en 3.2 por ciento real al final de la década, respecto a su nivel de 2018.
De presentarse este panorama, las implicaciones negativas sobre el bienestar de la población en estos años serían enormes.
La Encuesta de Expectativas del Banco de México reveló que el crecimiento promedio anual esperado para el lapso 2021-2030 es de 1.95 por ciento, inferior en casi medio punto porcentual al crecimiento promedio de los últimos 26 años.
Esta percepción posiblemente implica el supuesto de ausencia de políticas públicas favorables a la recuperación de la economía, al menos durante la presente administración, especificó el documento del CEESP.
“Hasta ahora, la contribución del gobierno federal para facilitar la inversión y el crecimiento en la situación actual ha sido prácticamente nula. Ante la evidente y reconocida debilidad de las finanzas públicas, ha preferido una política de austeridad en lo general, pero protegiendo al mismo tiempo sus prioridades de antes de la pandemia: programas asistenciales y proyectos de dudosa rentabilidad social que requieren una gran cantidad de recursos”, enfatizó.
Apuntó que el cambio continuo de las reglas del juego, la disposición de los recursos de los fideicomisos, el caso omiso a recomendaciones de organismos internacionales -aparentemente con base en argumentos más bien político-electorales- se suman a la falta de certeza jurídica, la ausencia clara de estado de derecho y la renuencia gubernamental a instrumentar políticas públicas para mitigar el daño de la crisis y propiciar una recuperación más pronta del crecimiento.
“En este contexto la inversión no fluirá de manera suficiente para la recuperación del producto y los empleos de antes de la pandemia en pocos años. De hecho, el FMI estima en su documento de perspectivas económicas mundiales que México será de los países que más se tardarán en recuperarse después de la crisis”.
El organismo del sector privado señaló que bajo estas condiciones se pone en entredicho la generación de ante un ambiente de incertidumbre jurídica.
“Una vez más se insiste en la necesidad de un ambiente de certeza jurídica, que refleje la disponibilidad del gobierno federal de asumir su responsabilidad para establecer un ambiente que facilite la inversión, el crecimiento, y el bienestar de los hogares”, reiteró el CEESP.
