El gobierno se debe orientar a generar condiciones propicias para los negocios públicos y privados inviertan en México, afirmó el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) apuntó que la reciente aprobación en la cámara baja de la Ley de Ingresos se llevó a cabo sin tomar en cuenta las reservas provenientes principalmente de la oposición y haciendo caso omiso de las diversas objeciones presentadas en los parlamentos abiertos y reuniones con la autoridad.
El sector público se orienta a descalificar las recomendaciones y propuestas de la sociedad y los organismos internacionales para generar un ambiente más propicio para la inversión.
“Como reacción al anuncio de Iberdrola, el mayor generador de energía eléctrica después de la CFE en México, de que por ahora no realizará nuevas inversiones debido a las señales oficiales, el presidente, señaló: “a nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos, …… los únicos negocios a los que se les debe dar toda la atención es a los negocios públicos, porque nosotros somos servidores públicos”. Con aseveraciones como esta, es evidente que no hay claridad en el objetivo de las funciones del sector público en un sistema de economía mixta como el que tenemos, en el que las actividades productivas propias de los ciudadanos, es decir, el sector privado, es el principal motor de inversión, crecimiento, generación de empleo y bienestar”.
Además, existe una preocupación porque la política fiscal parece encaminarse hacia elevar la recaudación a toda costa, con la utilización de mecanismos punitivos que son aparentemente excesivos y bajo un clima de amenaza y persecución.
En esa línea, el Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA), por sus siglas en inglés, envió una carta al presidente argumentando que las autoridades fiscales de México están intimidando a los contribuyentes que tienen irregularidades fiscales para que no busquen asesoría legal para corregir su situación fiscal y asistan directamente al SAT.
La opinión de ABA es congruente con una nutrida evidencia anecdótica sobre el tema. De acuerdo con muchos, se ha presentado fuerte presión por parte del SAT para llegar a “acuerdos” con contribuyentes que presentan disputas ante la autoridad mediante el desistimiento de éstos, con base en amenazas de múltiples auditorias y otros actos que, aunque se apeguen a la ley, no dejan de ser intimidatorios. Más allá, las recientes reformas en materia penal que derivan en que la defraudación fiscal, cuando exceda de ciertos montos, tenga como consecuencia la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio, puede estar actuando como un fuerte disuasivo a la inversión.
La asociación sostiene que eso es una violación clara al debido proceso y a los derechos humanos establecidos en la Constitución, además de la Convención Americana de Derechos Humanos de la que México es integrante.
ABA invitó al gobierno de México a que se respete el estado de derecho y a que instruya a todos los funcionarios a respetar el derecho de las personas a buscar asesoría legal, libres de interferencia del gobierno.
Por nuestra parte, seguimos a la espera de un cambio de señales del gobierno federal, un golpe de timón en la política económica, que concuerde con las necesidades que tiene el país de crecer de manera sostenida en el mediano y largo plazos. La confianza que generen las políticas del sector público serán determinantes para lograrlo, concluyó el CEESP.