La recuperación de los empleos se advierte complicada por la estrategia gubernamental de no apoyar de manera decidida a la inversión privada, señaló el sector privado.
El gobierno basa su optimismo en el apego a su programa aun cuando las condiciones y necesidades del país cambiaron sustancialmente con la pandemia global, apuntó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Reiteró que la efectividad de sus programas sociales para ayudar a la población a enfrentar la pandemia y sus consecuencias carecen de prueba alguna de su rentabilidad social.
“Las características de ambos, programas sociales y proyectos de inversión prioritarios, parecen tener más bien impactos político-clientelares de importancia”.
La crisis sanitaria cambió radicalmente la perspectiva para el presente año podría retomar fuerza con una aceleración de contagios, que ya comienza a percibirse, lo que podría ocasionar que el esperado repunte o rebote del crecimiento de la economía para el próximo año sea menor a lo estimado de 3.29 por ciento, que en promedio la encuesta de expectativas de Banxico.
En los primeros dos años del sexenio el gobierno federal ha mantenido un discurso optimista que, hasta ahora, parece efectivo para mantener la aceptación del Presidente en las encuestas, pero dista de la realidad.
La política de austeridad del gobierno federal naturalmente estaría frente a la disyuntiva de mantener sus programas sociales y de infraestructura emblemáticos o canalizar recursos para enfrentar la pandemia y mitigar las consecuencias sobre la economía por el resto de tiempo en que aún haya que combatirla.
“La posibilidad de recuperar los empleos perdidos por los efectos del confinamiento sanitario rápidamente y de generar puestos de trabajo adicionales de calidad para absorber la creciente oferta que se integra naturalmente al mercado laboral, se torna complicado”.
La posibilidad de que el país crezca y que el bienestar mejore depende de las acciones del sector privado para cumplir con los acuerdos con el gobierno federal.
“La esperanza es que al menos no tenga que continuar expuesto a obstáculos regulatorios, ambigüedad en el estado de derecho y cambios en las reglas del juego”, concluyó el CEESP.
