La inseguridad púbica se convirtió en un impuesto silencioso para las empresas con repercusiones en la inversión, afirmó el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEEP) señaló que los resultados de la Encuesta de Expectativas del Banco de México señaló que la mayor preocupación se concentra en factores de gobernanza, como problemas de inseguridad pública, impunidad, corrupción, problemas de estado de derecho e incertidumbre política interna.
Indicó el CEESP que respecto a los niveles de inseguridad que persisten en el país, las autoridades afirman tener buenos resultados.
Sin embargo, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en el periodo Enero-Mayo se registraron un total de 834 mil 118 delitos, cifra 11.7 por ciento superior a la del mismo periodo del año pasado.
En los tres primeros años de esta administración el total de delitos fue 18.2 por ciento mayor respecto a los primeros tres del gobierno anterior, y 21.5 por ciento respecto al mismo periodo de la administración de Felipe Calderón.
Los elevados niveles de inseguridad se relacionan con la incapacidad para controlar la delincuencia, resaltando en ello la debilidad del estado de derecho que fortalece la impunidad, genera costos importantes para personas y empresas, y altera sus formas de consumo e inversión.
“Los costos de la inseguridad se han convertido en un impuesto, en ocasiones silencioso y a menudo en forma de extorsión, que obliga a los agentes económicos a desviar recursos escasos para su protección y la seguridad de sus procesos productivos, además del costo que implican los efectos post delitos”.
centro de estudios económicos del sector privado
Especificó que calcular el costo de la inseguridad es complejo y varía significativamente en función de lo que incluya cada metodología.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre el Delito 2020 (ENVIPE) que elabora el INEGI, señaló que en 2019 el costo del delito representó 1.5 por ciento del PIB.
Por su parte, un cálculo del centro de estudios Institute for Economics & Peace, indica que en valor presente el costo de la violencia en México alcanzó el 21.3 por ciento del PIB con cifras para el mismo año.
Apuntó el CEESP que otra limitante significativa de la inversión y el crecimiento económico es la deficiente legalidad y aplicación del estado de derecho, que se manifiesta a menudo mediante cambios no previstos en las “reglas del juego” con modificaciones en regulaciones, reglamentos e incluso leyes, principalmente basados en preceptos ideológicos o con fines políticos, lo que contribuye gravemente a la incertidumbre, disuade la inversión y obstaculiza el crecimiento a futuro.
Advirtió el sector privado que los resultados recientes confirman que la situación económica actual y sus expectativas no son tan buenas como parece.
Aunque los pronósticos de crecimiento de la economía para el presente año se acercan al 6 por ciento y para el 2021 a 3 por ciento, esto aún reflejará primordialmente el “efecto rebote” tras la pandemia, por lo que es urgente tomar medidas que faciliten la reactivación económica cuanto antes.
Finalmente, concluyó que una adopción de una posición oficial más racional frente a la inversión, más acorde a nuestros tiempos y mucho menos ideológica frente a la inversión pública como a la privada, nacional y extranjera es indipensable.
