El Consejo Empresarial Mexicano (CEM) interpondrá amparos para defender los intereses empresariales por la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que votó el jueves pasado la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) y que afecta a intereses por 20 mil millones de dólares en cuestiones de energías renovables.
El organismo de reciente creación, presidido por Juan Carlos Pérez Góngora, sobrino del ex ministro Génaro Góngora Pimentel, adelantó que construirán equipos de trabajo entre particulares y empresas para combatir por la vía de amparos la decisión del pleno del supremo tribunal de justicia.
El Consejo Empresarial Mexicano enfatizó que se debe aclarar que con la “resolución” de la Corte, apenas empieza todo el tema legal y es posible defender el derecho a energía eléctrica a bajo costo y realizó un llamado a todos y cada uno de los empresarios que se sienten agredidos con esta Ley de la Industria Eléctrica para conformar equipos de trabajo a favor de los y las mexicanas generando amparos contra la denominada Ley Bartlett, asimismo, a los Diputados y Diputadas Federales, que ahora habrán de dictaminar esta Ley para que su voto sea a favor de México y no de la propuesta presidencial que se contempla incluya puntos de la oposición.
En el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación están pendientes de resolverse las controversias constitucionales 44/2021 y 45/2021, así como la acción de inconstitucionalidad 64/2021, promovidas, respectivamente, por la Comisión Federal de Competencia Económica, por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, y por diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, asuntos en los que se impugna el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de Marzo de 2021.
La consultora Kearney informó que la reforma eléctrica afecta inversiones realizadas en energías renovables con un valor de 20 mil mdd.
Finalmente, el presidente del CEM, que integra a 26 organizaciones, entre las que se encuentra la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) consideró que la SCJN no abonó al estado de derecho porque casí igual que antes los amparos interpuestos para que los tribunales decidan de manera particular con base en los criterios del Pleno del supremo tribunal.