La corrupción en las políticas públicas profundiza la pobreza y la exclusión de las personas que menos favorecidas económicamente, por lo que se requieren mecanismos que aseguren el correcto funcionamiento de las empresas y los gobienos, afirmaron especialistas en el foro de Ethos.
En el encuentro temático “Lucha anticorrupción, nuevos enfoques para tiempos inciertos, la especialista del Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Soledad García Muñoz, destacó que los derechos económicos, sociales y ambientales de la sociedad deben respetarse por las políticas públicas y las prácticas empresariales.
Señaló que durante la pandemia la corrupción se vio reflejada en la compra de vacunas contra el Covid-19, lo que afectó los derechos a la salud de la población.
“México de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, el 86 por ciento de la población considera frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción en las instituciones de gobierno. Y, desafortunadamente con el paso del tiempo cada día se vuelven más sofisticadas”.
Liliana Alvarado, directora general de Ethos
En el panel corrupción y grupos en situación de vulnerabilidad: una lucha desigual, advirtieron que los derechos de los niños, indígenas y adolescentes se ven quebrantados cuando las empresas y los gobiernos llevan a la práctica instalación de tiendas, tala de árboles u otras cuestiones que afectan sus derechos humanos al permitirse en lugares poco aptos.
Bajo esta panorámica concluyeron que es urgente una reforma regulatoria para promover el desarrollo de los negocios en México con el uso de tecnologías como el blockchain psobilitan al máximo un monitoreo de las operaciones, con lo que se elimina drásticamente el espacio para el desvío de recursos públicos.
