La Secretaría de Economía (SE) el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto que cobró vigencia este día para proteger a más de 200 mil pequeñas y medianas (pymes) y más de un millón de empleos con aranceles temporales en insumos de acero, textil, calzado y confección de países con los que no se tiene un acuerdo de libre comercio.
El decreto publicado el pasado 15 de Agosto que modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, con la finalidad de fomentar el desarrollo de la industria nacional, apoyar el mercado interno y fortalecer la integración de los productores nacionales en las cadenas de valor.
El decreto estableció un arancel temporal del 15 por ciento para la importación de mercancías clasificadas en 112 fracciones arancelarias relativas a diversos productos del sector siderúrgico, con un esquema de desgravación arancelaria hasta el 01 de Octubre de 2024, y del 20 por ciento para la importación de mercancías clasificadas en 91 fracciones arancelarias relacionadas con los sectores textil, confección y calzado, vigente a partir del 01 de octubre de 2024.
La Secretaría asumió la obligación de implementar mecanismos que generen estabilidad en los diferentes sectores de la industria nacional y permitan eliminar distorsiones en el comercio para salvaguardar el equilibrio del mercado global, observando en todo momento los acuerdos internacionales de los que México forma parte.
En este sentido, se implementó un incremento temporal de los aranceles a las importaciones provenientes de países con los que México no cuenta con un tratado comercial para fortalecer la integración de los productores nacionales en las cadenas de valor de la industria nacional, así como en aquellas que se detonarán por la relocalización de inversiones.
Con esta medida se prevé beneficiar a alrededor de más de 206 mil micro, pequeñas y medianas empresas, que generan más de un millón de empleos.
Destacó que en la definición de criterios para la adopción de estas medidas, y con base en el compromiso del gobierno de México de proteger a los más vulnerables, se excluyeron los productos de la canasta básica, insumos para la salud, bienes de consumo y aquellos que afectan el desempeño de las cadenas productivas.
