El sector privado y los diputados establecieron una mesa de trabajo sobre jornada laboral y días de descanso para abordar las implicaciones de incrementar un día de descanso durante el último periodo determinar una forma que contenga beneficios para la parte trabajadora y empresarial.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, sen su participación enfatizó que los avances logrados en la reforma de pensiones, incremento al salario mínimo, eliminación del outsourcing, vacaciones dignas han demandado un 60 por ciento adicional de los ingresos empresariales.
Cervantes Díaz especificó que 57 por ciento de los trabajadores que laboran más de 40 horas están en las pequeñas y medianas empresas (pymes).
“Por ello analizaremos los esfuerzos que las pymes realizan para sostenerse al representar más del 98 por ciento de las empresas del país y dar 72 por ciento del empleo”.
Francisco Cervantes Díaz, presidente CCE
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en voz de su representante, Lorenzo Roel Hernández, apuntó que la jornada efectiva es de 43.9 horas, de acuerdo con el Inegi, y avanzar en este sentido es benéfico, pero se deben buscar los mecanismos que permitan mitigar los impactos en el mercado laboral y la economía.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Héctor Tejada Shaar, advirtió que esta iniciativa tiene múltples efectos en la vida de las pymes.
“La reducción de la jornada laboral podrá resultar en una disminución de la disponibilidad de productos y servicios, menos ingresos para los trabajadores, aumento de costo para las empresas al tener que contratar y capacitar a más trabajadores para cubrir las horas reducidas”.
Héctor Tejada Shaar, presidente Concanaco-Servytur
El representante de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México (CATEM), José Reynol Neyra González, celebró la instalación de esta Comisión de Trabajo, y propuso que se invite también a representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “para que puedan darnos certidumbre sobre la aprobación de esta iniciativa sobre qué impacto tendría en la economía del país”.
