Los gobiernos deben trabajar en fórmulas que permitan incorporar a los más de 30 millones de trabajadores de la economía informal a una pensión a estas personas que también forman parte de la actividad económica, sostuvo el presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, Gerardo Cleto López Becerra.
En el marco del foro en el Senado de la República «Reforma integral para atender las pensiones en el sector informal» coincidieron en que se deben diseñar políticas públicas para regularizar a quienes laboran en la economía informal, con una estructura en donde los trabajadores de este sector puedan acceder a prestaciones laborales como una pensión, seguridad social, vacaciones y servicios de salud.El presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, Gerardo Cleto López Becerra, mencionó que el sector informal está «descobijado» para este gobierno y los anteriores, ya que los 32 millones de trabajadores en la informalidad no están contemplados en esta reforma hecha como bandera electoral.
Destacó que es necesario generar un sistema inclusivo, en el cual se cree un fondo de pensiones y de apoyo social para el pequeño comercio y los prestadores de servicios e instó a los legisladores a trabajar en políticas públicas que atiendan al sector informal de la economía, pues hasta ahora no sean planteado estructuras legales y morales para darle derechos a sus trabajadores.
En el foro, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Javier Salazar Saénz, señaló que las reformas para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar no benefician a las más de 32 millones de personas que laboran en la economía informal.Comentó que no se han creado las condiciones para regularizar a estos trabajadores e incorporarlos a la seguridad social y no cuentan con prestaciones como vacaciones, sindicatos ni servicios de salud pública.Salazar Saénz dijo que quienes se emplean en la economía informal se les considera «flojos», pero son personas que se levantan muy temprano, que manejan bien el dinero, y que tienen la capacidad de emplear a más personas.Subrayó que ningún partido político considera que están mal «las ayudas sociales», pero hay que saber de dónde van a salir esos recursos, y no se comunica que para darle a la gente una ayuda en otro rubro, le quitan otro beneficio, y «tienen su beca, pero no tienen seguridad».
El presidente del Instituto de Política Laboral, Rubén López Malo, puntualizó que el derecho a la jubilación y a la pensión debe ser un derecho universal, pues sólo se considera a los que realizan sus actividades en la economía formal. Señaló que una medida para incentivar que el sector informal se regularice y realice sus contribuciones, es otorgarles apoyo con políticas públicas claras, con créditos, con soluciones administrativas que no tengan tantas cargas fiscales.El senador consideró que se requiere explorar nuevos esquemas de seguridad social, plantear un sistema de salud universal contributivo de los trabajadores y de los empleadores, así como cargas fiscales diferenciadas y preferenciales, que incentiven la inversión nacional y extranjera.
Además de brindar seguridad jurídica, ya que «mientras no tengas un estado de derecho no se creará la riqueza que requerimos para fortalecer al sector formal».
