El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) señaló que la Ley del Infonavit aprobada por el Senado de la República persigue un fin noble que no genera cambios en los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los empresarios y se critica por golpeo político ante la competencia desleal del gobierno al sector constructor.
El vicepresidente fiscal del IMCP, Rolando Silva Briceño, indicó que la reforma aprobada por el los Senadores y Diputados persigue un fin noble porque los jóvenes no tienen para adquirir una vivienda y muchos viven en las casas de sus padres o rentan.
Sin embargo, destacó que el gobierno federal al ser constructor y arrendatario de la vivienda por los cambios legislativos distorsiona el mercado de la construcción y el arrendamiento de la vivienda, lo que genera descontento entre empresarios y sindicatos.
“Hay una competencia desleal, el gobierno no paga Impuesto Sobre la Renta, es una competencia desleal cuando le vende a sus clientes”.
Rolando Silva Briceño, vicepresidente fiscal del IMCP
Algunos de los elementos son las tierras donadas para la edificación de vivienda por estados y municipios, así como la compra consolidada de los materiales de construcción, elementos que no tienen los sectores constructores y arrendadores.
No hay riesgos reales en desaparición de recursos
El presidente de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social, Edgar Enriquez Álvarez, señaló que la iniciativa enviada el pasado 05 de Febrero de 2024 en el Plan C del gobierno de López Obrador no genera nuevas obligaciones al sector patronal o empleador y abre nuevas posibilidades a los trabajadores para la renta y adquisición del inmueble.
Sobre el peligro de los recursos depositados a los trabajadores por los patrones señaló que hay un riesgo, pero es más por lo “desconocido” que por la administración de los dinero, por sobre las nuevas atribuciones que tiene la institución que encabeza Octavio Romero Oroipeza.
La Ley Infonavit aprobada por el Congreso de la Unión fue turnada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y tener toda la capacidad legal para llevar a cabo la promesa presidencial de edificar un millón de vivienda, 500 mil por medio del Infonavit y 500 mil a través de la Comisión Nacional de Vivienda.
Acto seguido se tendrá que realizar reglamentos para el funcionamiento de la empresa filial del Infonavit y su operación.
