La industria de la construcción solicitó al gobierno que en los años siguientes se cuente con mayor presupuesto para infraestructura, reglas claras y cumplimiento de contratos para que México se mantenga como un destino confiable para los capitales.
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled, al tomar protesta para seguir al frente en el periodo 2025-2026 señaló que la inversión en infraestructura es insuficiente para alcanzar el desarrollo y competitividad con certeza jurídica.
“Necesitamos estabilidad y seguridad para quienes todos los días construyen este país. Pero si algo caracteriza a la industria de la construcción, es que no nos detenemos ante los desafíos. Los enfrentamos. Los resolvemos. Y seguimos avanzando.
Luis Méndez Jaled, presidente CMIC
Porque lo que México necesita no es frenar la inversión, sino impulsarla”.
Detalló que a la fecha la inversión en infraestructura se encuentra alrededor de 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto y debería llegar a un 6 por ciento para atender las necesidades que demanda el desarrollo nacional.
Apuntó que no hay crecimiento sin inversión en obra pública, y cada proyecto no sólo impulsa la economía, sino que transforma comunidades enteras porque se necesita infraestructura moderna, eficiente y bien planificada.
“El sector de la construcción es uno de los mayores generadores de empleo en México. Pero generar trabajo no es suficiente. Necesitamos condiciones justas, estabilidad y seguridad laboral para quienes día a día construyen este país”.
Luis Méndez Jaled, presidente CMIC
El líder de la industria de la construcción se declaró listo para trabajar en conjunto con el gobierno federal para que se tengan las carreteras, puentes, viviendas, puertos, aeropuertos y todo lo que se requiere para un avance nacional con impactos en la calidad de vida y productiva de México.
Por otra parte, Méndez Jaled celebró que se tenga un nuevo acuerdo en los aranceles porque son una amenaza latente para exportaciones mexicanas, que de aplicarse, podrían afectar la inversión y el crecimiento del país hasta en un 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
