México requiere una Ley de Inversión Mixta para avanzar en la inversión en infraestructura sin sobrecostos, para que las se mantenga competitividad en las empresas, con desarrollo social, coincidieron especialistas en foro de la Cámara de Diputados.
En el foro de Análisis de la Iniciativa de la Ley de Inversiones Mixtas organizado por TMSourcing se apuntó que México requiere 20 billones de pesos para desarrollar las carreteras, energía, puertos y aeropuertos en la siguiente década, apuntó el presidente del Comité de Financiamiento del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CONARED), Adolfo González Olhovich.
“México es el segundo país con más kilómetros en construcción de vías férreas, después de China, eso me parece que es algo que no lo tenemos tan claro. El presupuesto para este 2026 se tienen presupuestados 0.9 billones de pesos, para tener la infraestructura la inversión tendrá que venir de la iniciativa privada. La unión entre la iniciativa privada y el Estado debe estar ahí”.
Adolfo González Olhovich, presidente comité de financiamiento CONARED
Especificó que en una encuesta propia se manifestó por el 86 por ciento de los consultados que esta ley es necesaria, importante y urgente.
González Olhovich consideró que para tener la confianza de los inversionistas se requieren 4 aspectos relativamente sencillos: su capital más un premio en un tiempo razonable sin grandes riesgos.
El presidente de la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro (Amafore), Guillermo Zamarripa Escamilla, reconoció que pueden jugar importante en este proceso, ya que a la fecha han invertido en varios proyectos de infraestructura.
“Hoy las afores tienen invertidos 7.4 por ciento de sus activos invertidos en temas de infraestructura, de los que 2.6 por ciento corresponden a deuda de proyectos, 1.9 por ciento en CERPI´s, 2 por ciento en CKD´s y en la Fibra E con 0.9 por ciento. Un 4.8 por ciento están invertidos en el tramo de capital”.
Guillermo Zamarripa Escamilla, presidente Amafore
Destacó que el Estado tiene que llevar “cierta rectoría de la inversión, eso es algo razonable, pero el diablo está en los detalles, cómo se aterriza para apoyar el desarrollo, allí está el reto”, puntualizó.
Destacó que la iniciativa considera 4 tipos de financiamiento: directo, indirecto, mixto y el mínimo.
Zamarripa Escamilla detalló que a la fecha administran 7.8 billones de pesos de las aportaciones a los trabajadores y no tienen miedo a participar en el financiamiento de proyectos a largo plazo de 25 a 30 años.
Explicó que más de la mitad de los trabajadores les faltan más de 15 años para el retiro, y por eso la inversión en infraestructura es natural.
Por su parte, la presidenta de BIM Task Group México, Ximena Rico Salazar, destacó que en su experiencia el 100 por ciento de los proyectos de esta naturaleza presentan “sobrecostos y entrega fuera de tiempo” porque responden a tiempos políticos.
Explicó Rico Salazar que al adoptar esta metodología se logra una reducción del 15 por ciento en los costos y mejora en un 20 por ciento los tiempos de entrega.
Zamarripa Escamilla apuntó que la iniciativa planea una comisión que delega los proyectos a las secretarías, lo que debería quedar en la misma para otorgar orden y certidumbre a la ejecución de las obras, la que se debe robustecer con la inclusión de las estados y municipios.
Finalmente, los participantes coincidieron en que la ejecución es el gran reto para que se tengan los incentivos correctos y la construcción en tiempo, forma y sin grandes sobrecostos.
