Las recientes reformas regulatorias en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), implementación de la CURP biométrica y la actualización de la NOM-151 están generan incertidumbre jurídica en el sector financiero, afirma la empresa NAAT.TECH.
La empresa de origen mexicano, enfocada a cuestiones de identidad digital, señala que la falta de directrices claras en la innovación y la adopción de herramientas producen desconfianza sobre los resultados que se obtengan.
“Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo ecosistema financiero mexicano, ahora mucho más regulado y que regresa a sus orígenes, es decir, se está reforzando para dar certeza en cumplimiento a las transacciones y credibilidad ante autoridades, inversionistas y usuarios”.
Fabián Fabela, Senior Director Marketing de NAAT.TECH
NAAT.TECH ofrece la tecnología FAD (Firma Autógrafa Digital), que graba en video al firmante durante todo el proceso, generando evidencia de valor forense que valida identidad, autenticación y cumplimiento jurídico, con plena garantía legal.
La CURP biométrica, que incorporará huellas dactilares, fotografía facial y firma digital, se convertirá en el documento oficial para trámites públicos y privados.
Aunque esta medida fortalece la identidad digital, representa importantes desafíos legales, tecnológicos y operativos para las empresas, que deberán adaptar sus procesos de verificación de identidad de conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en inglés) de manera ágil.
“La velocidad en la implementación ha generado una legítima preocupación entre empresas y clientes, por la ausencia de una cultura de la innovación y elección de las herramientas tecnológicas adecuadas al mercado mexicano. La adopción de soluciones biométricas confiables permitirá recuperar la confianza necesaria para operar bajo el marco jurídico mexicano”.
Fabián Fabela, Senior Director Marketing de NAAT.TECH
Adicionalmente, la actualización de la NOM-151, que regula la conservación y trazabilidad de documentos digitales, exige garantizar la integridad, autenticidad y no alteración de los archivos electrónicos.
Para cumplir con este requisito se necesitan inversiones en infraestructura tecnológica y capacitación, así como la adopción de soluciones que otorguen protección jurídica y operativa a instituciones bancarias y no bancarias, concluyó el directivo.
