Presiones gasto
Las pensiones y las participaciones a estados y municipios presionan los gastos obligados para el funcionamiento del gobierno, lo que demanda reformas en materia de pensiones y en la ley de coordinación fiscal para que se puedan atender las cuestiones de salud, educación, inversión pública, señala el Centro de Estudios de Finanzas Públicas.
En el documento Gastos Obligatorios 2019-2026 detalla que son los requeridos para el funcionamiento del Estado y el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales.
Para este año se destinan 6.7 billones de pesos sin pensiones y a 8.4 billones al incluirlas, lo que representa alrededor del 85 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Más del 85 por ciento se concentra en 4 rubros: participaciones a estados y municipios; pensiones y jubilaciones; pago de la deuda pública y servicios personales.
Las asignaciones para entidades federativas y municipios ocupan un 32.7 por ciento, pensiones y jubilaciones el 20.1 por ciento; pago de la deuda pública y los adeudos del ejercicio fiscal anterior un 16.9 por ciento y gasto regularizable en servicios personales, servidores públicos, así como las erogaciones de seguridad social y fiscales inherentes a dichas percepciones el 16.10 por ciento.El document
En el periodo 2019 a 2026 crecieron a una tasa real promedio anual de 3.2 por ciento, impulsados principalmente por el aumento en el costo financiero de la deuda y el crecimiento del gasto en pensiones.
El documento destaca que a la fecha el gobierno federal ha enfrentado satisfactoriamente las obligaciones por la política fiscal de los últimos 2 gobiernos.
Se destaca que para evitar presiones a las finanzas públicas se requieren de reformas a las pensiones y a la coordinación fiscal para contar con los recursos suficientes en los años siguientes porque en el 2050 de cada 100 personas, 17 serán un adulto mayor.
Por último, concluye el estudio que las políticas de austeridad y reorganización del aparato burocrático los recursos son insuficientes para alcanzar las metas en crecimiento, disminución de pobreza y mejorar los servicios de salud para la población sin seguridad social en un entorno de presiones inflacionarias y desaceleración económica por la baja inversión y el estancamiento del consumo, aunado a los conflictos bélicos y la inseguridad.
