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La empleabilidad de los jóvenes en México puede obtener mejores resultados la política pública al impulsar el fomento productivo y emprendimiento, así como restar presiones al erario por las transferencias monetarias en las pensiones en un futuro, advierte el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
A nivel internacional la Organización de Naciones Unidas (ONU) define que la juventud se considera de 15 a 24 años, mientras que en México se considera la población juvenil de 12 a 29 años por la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
El documento Juventud 2026: análisis de empleabilidad, ingreso y Gasto Público en México enfatiza que existe un desajuste de competencias entre la oferta educativa y la demanda del mercado laboral.
Especifica que sólo el 39.6 por ciento de la población juvenil cuenta con instrucción media superior y superior; 33.2 por ciento con secundaria completa, 16.1 por ciento de los jóvenes con primaria completa y 10.9 por ciento con primaria incompleta.
“Cerca del 50 por ciento de la población de entre 15 y 29 años se clasifica como Población No Económicamente Activa (PNEA), proporción superior al 40 por ciento nacional; este diferencial se atribuye principalmente a la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo”.
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados
Se menciona que de acuerdo con el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que 2 de cada 10 jóvenes no buscan un empleo por la dificultad para obtenerlo o por la falta de calidad en la fuentes laborales.
Con la extinción del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y la aparición de la política pública Jóvenes Construyendo el Futuro se advierte una elevada dependencia del segmento juvenil hacia esquemas de transferencias monetarias directas que para este año son 187 mil 907 millones de pesos (mdp) puede limitar el desarrollo de capacidades productivas de largo plazo, si no se vincula con incentivos al empleo formal.
El documento concluye que se observa una asimetría presupuestaria significativa entre los programas de transferencias directas y los recursos destinados al fomento productivo y emprendimiento para reducir los niveles de desocupación y mejorar los ingresos reales de los jóvenes.
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