CEESP_billetes
El bajo crecimiento económica de México presiona a las empresas y las personas que se verán limitadas en el pago de sus impuestos, por lo que se anticipa que seguirá un incremento en la deuda gubernamental que llegará a un 55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), advierte el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En Análisis Económico Ejecutivo señala que la primera aproximación del Presupuesto 2027 considera que la economía tendrá un mayor dinamismo, de tal manera que esto permitirá que los ingresos tributarios aumenten en 2.1 por ciento, aunque estos se verán compensados por la caída en 23.8 por ciento en los ingresos petroleros, lo que finalmente significa que los ingresos totales tendrán una caída de 1.4 por ciento.
Aunque mejorará la recaudación tributaria, es importante considerar que más que por crecimiento de la economía, esto responderá a una mayor actividad y fiscalización del sistema tributario, como se ha visto en los últimos años.
“Sin embargo, es importante tener en consideración que la capacidad de contribución de empresas y familias se debilita ante la falta de crecimiento económico, es decir, la capacidad del aparato productivo no mejora y las contribuciones fiscales limitan su aportación al erario público, lo que a final de cuentas eleva la incertidumbre e inhibe la inversión”.
CEESP
Mientras los costos fiscales, tanto para personas físicas y morales se eleven, así como los costos laborales, la posibilidad de una mejor distribución del ingreso y crecimiento de la economía formal seguirán limitados, advierte el sector privado.
Por otra parte, para 2027, en busca de la consolidación fiscal, se planea una reducción de 3.2 por ciento en el gasto total, lo que permitiría un déficit menor.
El problema radica en el hecho de que habrá que generar ajustes a diversos rubros del gasto para cumplir cabalmente con este objetivo, lo que será complicado si se quiere mantener sin cambio los programas prioritarios del gobierno, que suman aproximadamente 2.8 billones de pesos, casi el 30 por ciento del total del gasto público.
Destaca el CEESP que hay rubros que no pueden ajustarse, como la nómina y pensiones del sector público, así como el costo financiero de la deuda gubernamental. En su conjunto esto podría representar casi el 80 por ciento del gasto total, lo que significa un bajo margen de maniobra.
Además, habrá que incluir el costo del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030.
“La necesidad de mayores recursos con fuentes de ingresos limitadas seguramente propiciará un aumento en los niveles de deuda, como se percibe en el documento de Precriterios, donde se tiene previsto que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es el concepto más amplio de deuda, represente el 55 por ciento del PIB, que en términos absolutos equivale a 21.8 billones de pesos. Esto significa que tan solo en 2027 la deuda habrá aumentado en 1.6 billones de pesos y 4.4 billones en los primeros 3 años de este gobierno”.
Con esos resultados, durante los últimos 7 años (incluyendo 2027) la deuda acumulará 11.3 billones de pesos, monto que supera los 10.8 billones del saldo histórico acumulado hasta 2018.
Evidentemente en este contexto las autoridades requieren de fuentes adicionales de recursos y recientemente se aprobó la disposición de utilizar hasta el 30 por ciento de los recursos de las Afores para financiar proyectos de inversión prioritarios del gobierno.
Dentro del análisis que ha hecho el CEESP desde hace ya varios años, resalta la importancia que tiene la asignación eficiente del gasto público, especialmente en cuanto a los recursos para inversión productiva, que es un elemento fundamental para mejorar la competitividad de la economía mexicana con mayor eficiencia y control del gasto, concluye el documento.
Acerca del autor
