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Los ingresos petroleros excedentes pueden llegar hasta 400 mil millones de pesos (mdp) y se deberían utilizar en cuestiones que impulsen la infraestructura, educación, medicinas y no a la estabilización de los precios de la gasolina Magna y el diésel, sostiene el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su Análisis Económico Ejecutivo menciona que al cierre de Abril, el precio de la mezcla mexicana rondaba casi los 99 dólares, con lo que ya en el primer cuatrimestre del año el precio promedio se ubica en 74.4 dólares, ya por arriba de la estimación promedio para todo el año que en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) se proyecta en 54.9 dólares por barril.
“La fortuna de obtener recursos adicionales en forma de ingresos públicos por el significativo aumento de los precios internacionales del petróleo ofrece al gobierno federal la oportunidad de cumplir sus objetivos de gasto y consolidación fiscal”.
CEESP
El sector privado apunta que los ingresos públicos adicionales por los precios del crudo superarán el gasto presupuestado ante un conflicto bélico en Irán podría extenderse más de lo previsto y mantenga elevados los precios del petróleo.
“Suponiendo que el precio promedio del petróleo para todo el año fuese de 90 dólares por barril, los ingresos adicionales para el sector público en 2026 alcanzarían aproximadamente 400 mil millones de pesos (mmp), respecto al precio aprobado en los Criterios 2026. Si el cálculo se hace con el ajuste al alza de 77.3 dólares, nueva cifra establecida en el documento de Precriterios, el ingreso adicional sería de cerca de 150 mmp”.
CEESP
El excedente de ingresos por el mayor precio del crudo podría destinarse, de manera transitoria, a gastos de necesidades evidentes en educación, salud, seguridad pública, bienestar social o inversión productiva, entre otros, apunta el brazo de estudios económicos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Para el CEESP los recursos adicionales por los altos precios del crudo son en principio una buena noticia que abre la posibilidad de cubrir necesidades apremiantes o mejorar las finanzas públicas, pero a final de cuentas sería de manera transitoria.
“No obstante, tal parece que el gobierno ha decidido utilizarlos en parte para cumplir con su compromiso de evitar aumentos significativos a los precios de los combustibles y evitar nuevos gasolinazos”.
CEESP
En este contexto, el gobierno proporciona un estímulo para evitar el aumento de los precios de las gasolinas y el diésel, reduciendo al máximo posible el impuesto especial a la producción y servicios (IEPS) que está en la ley de ingresos.
Pero además de eso, se establecen estímulos fiscales complementarios, es decir, adicionales a la reducción que puede tener el IEPS. Evidentemente, esto último implica un costo fiscal para el gobierno y la consecuente necesidad de obtener mayores recursos para mantener el gasto programado o llevar a cabo recortes del mismo.
Para la semana del 28 de Marzo al 03 de Abril, la Secretaría de Hacienda publicó un estímulo fiscal vía menor IEPS del 15.68 por ciento para la gasolina magna y de 33.22 por ciento para el diésel; para la gasolina premium no se asignó beneficio.
En términos absolutos, esto significa que para la gasolina magna el estímulo fue de 1.05 pesos y para el diésel de 2.45 pesos por litro.
Se podría intuir que si la venta interna de combustibles se mantiene estable a lo largo del año y se mantiene el nivel actual de estímulos fiscales el costo del estímulo podría no ser tan elevado. Sin embargo, si el consumo se eleva crece el riesgo de que la política resulte en un déficit fiscal mayor al programado en el presupuesto.
Preocupa que, en la decisión del gobierno respecto a la utilización de los recursos adicionales no anticipados, provenientes del aumento de los precios del crudo, la mayor asignación de recursos se destine a programas poco productivos como los subsidios a la gasolina y no a proyectos productivos de mediano y largo plazo.
Las decisiones son complejas sobre todo cuando se debe decidir entre dedicar más recursos a necesidades de sectores claves para el bienestar social, como recursos para mitigar el daño a la educación, la escasez de medicinas, la precaria situación de la seguridad pública, reactivar la inversión en infraestructura pública, o mantener estables los precios de los combustibles, concluye el CEESP.
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