corrupcion
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informa que por investigaciones contra funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Banco del Bienestar (BanBien) se acreditaron faltas administrativas graves de 4 funcionarios que fueron separados de sus cargos.
Se detalla que como resultado de estas investigaciones, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso inhabilitaciones de hasta por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, al igual que sanciones económicas.
Por venta de citas en el SAT
En el SAT, el OIC investigó a una persona servidora pública por la asignación irregular de citas para trámites utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución.
Se detectó un comportamiento contrario a las funciones de buen gobierno por Víctor R., ex subadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT, quien fue inhabilitado por un año para desempeñarse en el servicio público.
En Banco del Bienestar
En BANBIEN, el Órgano Interno de Control acredita irregularidades cometidas por 3 personas servidoras públicas.
Se especifica que en 2 casos estuvieron relacionadas con el retiro de recursos de cuentas bancarias sin consentimiento de las personas cuentahabientes, por un monto superior a 275 mil pesos; y, en otro, con la realización de conciliaciones con información no verídica.
Los casos fueron de Juan D., ex subjefe de área de BANBIEN: inhabilitación por 10 años y sanción económica y Orlando P., exauxiliar de sucursal de BANBIEN: inhabilitación por 10 años y sanción económica. Y el ex asistente administrativo Marco M., inhabilitación por 10 años y sanción económica.
Las sanciones económicas impuestas oscilan entre los 25 mil y los 250 mil pesos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señala que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar y la dependencia federal defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron investigados los casos: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo el interés público.

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