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La fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el 2027 se endurece o incrementa sobre los contribuyentes cautivos para alcanzar la cifra histórica de 15.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en recaudación tributaria con un posible impacto en los precios de productos y servicios, advierte el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su documento Análisis Económico Ejecutivo señala que el marco macroeconómico tiene cifras más realistas en el que presenta una cifra de crecimiento económico de 1.5 a 2.5 por ciento, menor al planteado en Precriterios que era de 1.9 a 2.9 por ciento.
La disminución estipulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) induce a pensar que los impuestos federales como principal fuente de ingresos recurrentes y sugiere que la actividad de fiscalización para evitar la evasión fiscal se incrementará, considera el sector privado.
“Ante la ausencia de nuevos impuestos y/o mayores tasas impositivas, es evidente que un menor ritmo de crecimiento y la necesidad de mayores recursos será compensado por el endurecimiento de la política tributaria”.
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Explica que se presentará un proceso de fiscalización más intensivo como fuente de recursos, más allá del impulso proveniente de la actividad productiva.
Se contempla que se instrumentarán diversas medidas que buscarán hacer más eficiente la tributación al fortalecer los mecanismos para el combate a la evasión fiscal.
Algunas de las medidas son las restricciones de deducciones autorizadas y el límite al uso de pérdidas fiscales, medidas que podrían tener un mayor impacto en las empresas al reducir su flujo de efectivo sin tener que enfrentar una mayor tasa de impuesto.
“Sin duda esto representa un efecto importante sobre los causantes cautivos, que para compensar esta situación podrían trasladar dicho efecto a los precios, incidiendo en la inflación al consumidor y reduciendo el poder adquisitivo de los hogares”.
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El brazo de estudios económicos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destaca que para el 2027 no hay incentivos adicionales para el aumento la formalidad, ya que poco más del 60 por ciento de las unidades productivas registradas en el territorio nacional son informales. El enorme tamaño de la informalidad es un nicho de oportunidad para mejorar la tributación.
En un entorno de menor crecimiento económico las medidas para fortalecer la recaudación tributaria podrían no funcionar como consecuencia precisamente de un menor dinamismo de las empresas y se debería pensar en una opción de mejor utilización de los recursos públicos, concluye el CEESP.
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