Diez organizaciones civiles, ciudadanas y/o independientes, con el apoyo internacional de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), manifestaron su inconformidad ante la terna propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para la designación de la persona que sustituirá al Ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, tras su salida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado 30 de noviembre.

Las organizaciones son:  “Artículo 19 México y Centroamérica”; “Borde Político”; “Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)”; “Equis Justicia para las Mujeres”; “Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)”; “Fundar, Centro de Análisis e Investigación”; “Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)”; “Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)”; “México Evalúa”, y el «Observatorio Ciudadano Designaciones Públicas”.

 Mediante un comunicado conjunto, estas instituciones se pronunciaron por una terna equivalente, con personas independientes, y por una Corte paritaria.

Promoviendo el uso en las redes sociales de la “etiqueta” o “hashtag” #SinCuotasNiCuates, enfatizaron que la terna enviada por el Presidente, –que la conforman Loretta Ortíz Ahlf, Celia Maya García y a Juan Luis González Alcántara Carrancá–, “no garantiza la designación de una persona idónea para el cargo de Ministro o Ministra de la SCJN.

“No abona a que la integración del Pleno de la SCJN avance con el principio constitucional de paridad, ni fortalece la confianza de la ciudadanía en la independencia de la más alta Corte de la Nación, como lo exigen los estándares internacionales”.

Subrayaron que la militancia partidista y la cercanía con otros Poderes de la Unión y grupos políticos por parte de las personas que conforman la terna, “son circunstancias que no deben formar parte de los antecedentes de quienes aspiran a ocupar el cargo en la Corte”, y agregaron que son incompatibles con la independencia que deben exhibir los y las Ministras del máximo tribunal constitucional.

Recordaron que el Senado de la República tiene ahora la gran responsabilidad y obligación de analizar exhaustivamente la idoneidad de la terna que recibieron de parte del Ejecutivo, y de valorar las circunstancias señaladas, así como la trayectoria de las tres personas propuestas.

Esto último, considerando las objeciones e información proporcionada por la sociedad civil durante las entrevistas que la Comisión de Justicia realiza este lunes.

En este contexto enfatizaron que la función de control y contrapeso de quienes integran el Senado de la República es esencial para la transformación del país, “la cual atraviesa por designaciones transparentes, incluyentes y con mecanismos efectivos de rendición de cuentas”.

Puntualizaron que en esa medida, las propias instituciones también se fortalecen, y que en la situación actual del país, “es urgente contar con una Suprema Corte independiente para que la defensa de la Constitución, la democracia y los derechos de las personas de esta sociedad, sea efectiva”.