El derecho a la información sobre las actividades gubernamentales se encuentra en una etapa madura y sólida que requiere ciertos ajustes para asegurar su correcta aplicación en la lucha contra la corrupción, afirmó el Instituto Belisario Domínguez (IBD).
La investigación titulada “Avances en la garantía del ejercicio del artículo Sexto Constitucional”, elaborada por las investigadoras Perla Carolina Gris Legorreta y Susana Ramírez Hernández, señaló que durante los últimos lustros, el Estado mexicano adoptó de manera progresiva diversas medidas legislativas e institucionales para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales.
El estudio destacó que otras acciones trascendentes fueron la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobada en 2002 y la reforma del año 2007 por medio de la cual se estableció que toda la información a cargo de cualquier organismo gubernamental es de carácter público y que los sujetos obligados deben conservar sus archivos y publicarlos en medios electrónicos disponibles para la consulta de la ciudadanía.
De acuerdo con el estudio, la última reforma importante en materia de transparencia fue la del año 2014, con la cual se otorgó de autonomía al órgano garante, el INAI, y se sentaron las bases para la creación del Sistema Nacional de Transparencia con la conformación de órganos garantes en las entidades federativas.
México avanzó tres puntos en la clasificación de Transparencia Internacional (TI) en los últimos tres años sobre la percepción de la corrupción con 31 puntos, mismo nivel que se registró en 2015 muy lejos del nivel más alto registrado en 2018 con 138 puntos, en el periodo del 2012-2020.
Según datos de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019, (ENAID), el 72.3 por ciento considera que todos tienen derecho a conocer la información que genera el gobierno.
El 54.8 por ciento de la población manifestó conocer o haber escuchado sobre la existencia de una institución de gobierno que garantiza el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.
En cuanto al porcentaje de la población que ha buscado o consultado información en las páginas de internet del gobierno, la ENAID reporta que en 2015 fue de 14.1 por ciento y en 2019 se incrementó a 16.1 por ciento.
Sobre las solicitudes de información, la ENAID reporta que en 2019 el 3.6 por ciento de la población había realizado alguna vez solicitud formal de información mientras que, en 2015, el porcentaje fue el 5.6 por ciento.
De octubre 2019 a Septiembre 2020 se ingresaron 237 mil 62 solicitudes de información pública a los sujetos obligados del ámbito federal y 45 mil 410 solicitudes de datos personales, lo que da un total de 282 mil 472 solicitudes en el período reportado y un acumulado histórico de 2 millones 679 mil 743 solicitudes.
La investigación destacó que un aspecto urgente es que “aún falta mucho por avanzar para lograr que esta información resulte útil y comprensible para el ciudadano”.
Además, indicó que los comisionados del INAI deben tener una designación clara con propósitos técnicos y alejada de intereses políticos.
El estudio del IBD concluye destacando la importancia de dar a conocer entre la población este tipo de derechos, así como de reforzar la vigilancia ciudadana de la gestión pública, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el marco de un sistema democrático representativo y participativo.
