La administración de López Obrador enfrenta retos en materia de gasto público y recaudación para contar con los recursos económicos necesarios permanentes que aplicará en sus programas sociales, sin afectar la estabilidad de las finanzas públicas, advirtió el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) especificó que año con año el gobierno cuenta con un presupuesto histórico, que en 2017 fue de 5.2 billones de pesos.
Sin embargo, a la fecha permanece la discusión de la suficiencia y pertinencia del gasto público, ya que los resultados en la disminución de la pobreza son cuestionables con más de 53 millones de pobres y un aumento en la deuda del país, pues del 2008 al primer trimestre del presente año la deuda total del sector público (saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público) aumentó en 5.9 billones de pesos.
La administración 2018-2024 vivirá un contexto de presión adicional para las finanzas públicas ante los programas sociales propuestos por el nuevo gobierno, como duplicar las pensiones y la asignación de becas, entre otros, que requerirán de recursos adicionales.
“Dado el interés que existe en fortalecer las finanzas públicas es fundamental llevar a cabo una revisión estricta del gasto y concretar los ahorros para que el resultado neto realmente contribuya a un gasto que incida en el crecimiento económico y el bienestar de las familias”, enfatizó el CEESP.
Además, se debe tener presente que otro aspecto fundamental es contar con fuentes de recursos estables y permanentes.
Consideró necesario recaudar con equidad, eficiencia y sencillez, ante lo que necesario adecuar el andamiaje del sistema tributario nacional, la principal herramienta del Estado para hacerse de los recursos suficientes para el ejercicio de sus funciones y cumplimiento de sus obligaciones.
“Aunque la reforma fiscal contribuyó para que la recaudación tributaria aumentara de manera importante, es claro que no es suficiente. Aspectos que han ayudado son el aumento del precio del petróleo, la depreciación del tipo de cambio de los últimos años y los recursos no recurrentes que principalmente reflejan las transferencias del Banco de México mediante los remanentes de operación del Banco de México, que de 2015 a 2017 sumaron cerca de 600 mil millones de pesos”, destacó el sector privado.
Bajo tal panorámico, el CEESP señaló que se debe tener en cuenta que para crear nuevos impuestos o aumentar las tasas existentes, “es indispensable un sistema tributario que tenga la capacidad de generar nuevos ingresos conforme la economía crece”.
Aunque las autoridades hacendarias han logrado avances en materia de ingresos tributarios con la aprobación de la Reforma Fiscal del 2014, se podría inferir que el bajo ritmo de crecimiento de la economía, que en los últimos 24 años promedió un avance anual de 2.4 por ciento.
El CEESP advirtió que mientras no se logren tasas de crecimiento económico mayores y una ampliación de la base gravable, las fuentes de recursos públicos podrían seguir siendo limitadas frente a la creciente necesidad de recursos que requiere el gobierno para cumplir eficientemente sus funciones.
“El reto que enfrentará la nueva administración no es trivial, por una parte, y en medio de un entorno de escaso margen de maniobra, deberá concretar su objetivo de reducir el gasto superfluo, aunado a mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos. Por otra, tendrá que realizar esfuerzos para ampliar las bases gravables e impulsar la formalidad con el fin de aumentar la recaudación tributaria para atender las necesidades de la población en materia de educación, salud y seguridad”, consideró el sector privado.