Algunas de las propuestas de la nueva administración serían negativas en términos crediticios para gobiernos regionales y locales, alertó Moody’s.
Destacó que la administración del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador hereda un punto de partida desigual, con mayor volatilidad en el mercado financiero y en el tipo de cambio, compensado por una economía que crece modestamente y con niveles decrecientes de deuda.
Subrayó que mientras que la fuerte posición fiscal del gobierno y un sistema bancario sano otorgan cierta protección en el corto plazo, “existen retos significativos para el futuro, particularmente dadas las señales de política mixtas de la nueva administración, y de un estilo no convencional en la ejecución de las políticas”.
La agencia calificadora señaló que si bien las perspectivas económicas estables seguirán apoyando el crecimiento de las transferencias federales a gobiernos regionales y locales, “algunas de las medidas anunciadas son negativas en términos crediticios para los estados y municipios, debido a que limitarían las transferencias federales futuras”.
Precisó que las medidas más importantes que ha anunciado el nuevo gobierno y que afectan a los gobiernos regionales y locales, y que esperan que muy probablemente se incorporen en el presupuesto federal de 2019 incluyen los siguientes puntos:
El control de los precios de la gasolina; la reducción de las tasas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para la región fronteriza con los Estados Unidos (EU), y la revisión de las transferencias etiquetadas distribuidas a los estados bajo el fondo conocido como “Ramo 23” (Provisiones Salariales y Económicas).
“Las dos primeras propuestas podrían desacelerar el crecimiento de los ingresos federales que se comparten con los gobiernos regionales y locales a través de transferencias federales no etiquetadas o participaciones, y la revisión del Ramo 23 podría conducir a una reducción o eliminación de estas transferencias”, agregó.
En este contexto Moody’s recordó que los gobiernos regionales y locales son muy dependientes de las transferencias federales, las cuales en 2017 representaron en promedio el 91% de los ingresos totales de los estados, y precisó que las participaciones y el Ramo 23 representan alrededor del 37% y el 6% de los ingresos estatales, respectivamente.
En cuanto a la propuesta del presidente López Obrador de continuar con el control de precios de las gasolinas, indicó que esto resultaría en un menor crecimiento de las participaciones, debido a las implicaciones que tiene en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el impuesto a las gasolinas cobrado por litro vendido.
Recordó que en el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que en 2018, el costo fiscal del IEPS sobre la venta de combustibles y diésel sería de alrededor de 107 mil 800 millones de pesos.
Ello significa un aumento de 44% respecto a lo presupuestado en 2017, en respuesta al aumento de los precios del crudo a nivel global, y a la depreciación del peso frente al dólar, que elevó el precio de los combustibles importados.
Moody’s subrayó que aunque el aumento del subsidio ha ayudado a mitigar el incremento de los precios de las gasolinas, también ha limitado el crecimiento de los ingresos por IEPS de gasolinas y, por lo tanto, de las participaciones que se distribuyen a los gobiernos regionales y locales.
“Mientras las participaciones crecieron en 7.5% entre enero y septiembre de 2018 en comparación con el mismo período del año anterior, estimamos que hubieran crecido en alrededor de 10% si no hubiera habido subsidio.
“Si además de un menor crecimiento en participaciones, como resultado de las políticas mencionadas arriba, la revisión del ramo 23 resultara en cambios materiales del fondo, esto tendría un impacto significativo en los ingresos de los gobiernos regionales y locales.
“Para efectos ilustrativos, un menor crecimiento en participaciones y la eliminación del Ramo 23, resultaría en un crecimiento de las transferencias totales estimado en solo entre 1% a 2% en 2019, muy por debajo del crecimiento histórico promedio de 7.1% entre el 2013 y el 2017”.
Subrayó que en respuesta a una disminución de estos fondos etiquetados, la mayoría de los estados podría reducir el gasto, especialmente el de capital.
Sin embargo, enfatizó, el Ramo 23 representa una parte relativamente alta de los ingresos totales de algunos estados, incluidos los siguientes:
Baja California Sur, Guerrero (Ba2/A2.mx estable), Nayarit (Ba3/A3.mx estable), Sonora (Ba3/A3.mx estable), Yucatán, Colima, Durango (Ba1/A1.mx estable) y Zacatecas (Ba3/Baa1.mx estable), “por lo que ajustar el gasto para contener déficits financieros sería un desafío importante para estos estados”.
Finalmente, Moody’s aclaró que las implicaciones crediticias para los gobiernos locales y regionales de la propuesta de crear las figuras de “súper delegados ”, representantes del gobierno federal que tendrán a su cargo la coordinación y supervisión de los programas federales con los estados y municipios, “son difíciles de evaluar, debido a que el gobierno no ha anunciado los detalles sobre cómo operarán”.