La posible aprobación de la iniciativa presidencial para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ocasionaría menor competitividad a la productos manufacturados en México y una represalia arancelaria por las afectaciones en la inversión privada extranjera.
En el foro de la Confederación Patronal de la República Mexicana sobre la reforma eléctrica (Coparmex) La directora general de la consultora Acclaim Energy en México, María José Treviño, advirtió que aprobar una reforma al sector eléctrico que no propicie e impulse las energías amigables con el medio ambiente afectaría las exportaciones mexicanas al fabricar productos que no utilizan energías con bajo impacto en el medio ambiente, ya que las empresas favorecen la adquisición de mercancías de empresas que tienen certificación en emisiones bajas de carbono.
La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la implementación del T-MEC, Claudia Ruiz Massieu, señaló que su aprobación significaría una “involución” en el orden constitucional que podría tener repercusiones en arbitrajes internacionales, aranceles, “porque México no puede estatizar el sector energético sin esperar consecuencias como se establece en el acuerdo del TIPAT y T-MEC”.
La senadora del PRI agregó que México también se comprometió con la comunidad internacional a disminuir los gases de efecto invernadero, “lo que significaría un daño reputacional a México” en inversiones y respeto a sus compromisos con los demás países.
Ruiz Massieu enfatizó que la “soberanía nacional” no debe entenderse con aislamiento del mundo, sino como un Estado-administrador efectivo de los recursos que garanticen el respeto a los derechos humanos de la salud, respeto al medio ambiente con precios accesibles.
El vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)¸ Gerardo Cuerva Valdivia, enfatizó que las políticas públicas del gobierno deben respetar la certidumbre jurídica y la libre competencia con una perspectiva de mediano y largo plazos.
El ex subsecretario de negociaciones comerciales internacionales de la Secretaría de Economía (SE) y especialista en negociaciones comerciales internacionales, Juan Carlos Baker Pineda, puntualizó que una parte de la reforma propuesta por el presidente López Obrador se fundamenta en una “corrección” de los contratos con las empresas.
Puntualizó que la reforma “cierra un mercado en el que participan los privados”. Además, en el T-MEC y TIPAT se incorporan capítulos para la protección de la inversión en el sector eléctrico, lo que . El CEO de Core Regulatorio de Costa Rica, William Villalobos Herrera, señaló que la reforma energética del 2013 tuvo repercusiones en varios países de la región al atraer inversiones extranjeras a México y otras naciones.
Destacó que los agentes económicos buscan una reputación regulatoria de los Estados y algunos incluyen en los contratos clausulas que permiten su salida sin ninguna penalización ante cambios regulatorios radicales.
Los panelistas concluyeron que la reforma eléctrica que se impulsa por el gobierno federal no presenta aspectos positivos para atracción de inversiones y competitividad de los productos mexicanos.
