El gobierno federal y sus políticas públicas serán fundamentales en los años siguientes para avanzar en contra de la precarización del mercado laboral que aumentó por el estancamiento económico que se proyecta para el primer tercio de la administración López Obrador, destacó el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) apuntó que los indicadores de ocupación y desempleo comienzan a reflejar los efectos del estancamiento de la actividad económica del país y de las expectativas de un crecimiento económico que no muestra señales de una pronta recuperación.
Los pronósticos para el 2020 continúan en descenso y se ubican, en la mayoría de los casos cerca de 1.3 por ciento, siete décimas de punto porcentual por debajo del 2 por ciento estimado por el gobierno federal.
En el reciente anuncio de política monetaria, el Banco de México (Banxico) decidió reducir su tasa de interés de referencia en 25 puntos base y anticipó que su pronóstico de crecimiento del PIB para el presente y el siguiente año se ajustará a la baja en su próximo informe trimestral a finales de este mes.
Las cifras del Inegi muestran que la población ocupada sigue en aumento, pero a un menor ritmo y la tasa de desocupación retoma una ligera tendencia al alza.
En el tercer trimestre la desocupación representó 3.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje superior en dos décimas de punto porcentual tanto a la reportada el trimestre previo, como a la del mismo periodo del año pasado.
“En términos absolutos, el número de desempleados aumentó en 213 mil personas en un año y la precarización del mercado laboral se agudiza”, enfatizó el CEESP.
Agregó que la población subocupada, que integra a las personas ocupadas con la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les permite sumó 4.3 millones de personas o 7.8 por ciento del total de la población ocupada, porcentaje que además de superar la cifra previa y la del año pasado, fue la más alta en los último 13 trimestres.
El comportamiento de la ocupación por nivel de ingresos también refleja el deterioro del mercado y la dificultad para crear nuevos puestos de trabajo, lo que ha incidido negativamente en el nivel salarial.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el tercer trimestre del año la población ocupada total aumentó en 1.2 millones de personas respecto al mismo lapso del año pasado.
Esta cifra resulta de 5 millones que consiguieron empleo con ingresos de hasta tres salarios mínimos, y la reducción de 2.9 millones de personas con ingresos superiores a tres salarios mínimos, así como de la caída de la ocupación que no recibe ingresos o que su situación al respecto no está especificada en 900 mil personas.
“Un aspecto que hace más evidente la precarización del mercado laboral es el universo de trabajadores en condiciones críticas, es decir, que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más los que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y los que laboran más de 48 horas semanales hasta con dos salarios mínimos”.
En el tercer trimestre este grupo de población sumó 10.6 millones de personas, 2 millones más que en igual periodo del año pasado. Como porcentaje de la población ocupada se ubicó en 19.1 por ciento, el nivel más alto desde que se publica este indicador en 2005.
Las mismas dificultades las refleja el rubro de personas disponibles de la Población No Económicamente Activa, que concentra a quienes han desistido de buscar empleo o no lo buscaron porque consideran no tener posibilidades para conseguirlo.
El número de personas en este segmento se ubicó en 5.7 millones en el tercer trimestre del año, 284 mil más que un año antes.
“El entorno económico y la expectativa de un magro crecimiento para los siguientes años plantea un escenario complejo para el mercado laboral”.
Destacó el sector privado que los bajos niveles de inversión hasta ahora, la persistencia del panorama de incertidumbre y la ausencia de estado de derecho complican las posibilidades de ampliar la ocupación, particularmente el empleo formal que implica beneficios en materia de servicios de salud y otras prestaciones para los trabajadores.
En este contexto, las perspectivas de mejoría del bienestar de los hogares y de reducción de la pobreza se ven fuertemente restringidas, destacó el CEESP.
En cuanto a la actividad productiva, no hay señales de un repunte en el corto plazo. Las cifras más recientes muestran que en Septiembre la producción continúa a la baja al registrar una caída anual de 2 por ciento, con lo que acumuló doce meses consecutivos con variaciones negativas.
“La responsabilidad del gobierno es clara, se requiere un cambio de la tendencia del crecimiento para salir del estancamiento, lo que dependerá en buena medida de las políticas públicas que instrumente en el sentido de establecer un ambiente de negocios idóneo para la inversión y un entorno de seguridad y estado de derecho”, enfatizó el sector privado.
La incertidumbre que hasta ahora perciben los mercados mantiene el nerviosismo entre los inversionistas y pospone sus decisiones de inversión.
En este contexto, en días recientes se anunció que los sectores público y privado han llegado a un acuerdo para la inversión de este último en infraestructura, incluye los sectores de energía y telecomunicaciones, entre otros.
Para maximizar la probabilidad de éxito de dicho acuerdo en la elevación de la inversión física, es imprescindible el compromiso del gobierno al más alto nivel, a fin de a remover todos los obstáculos que puedan enfrentar los proyectos, agilizar los requisitos para facilitarlos y permitir la participación privada en los sectores correspondientes, enfatizó el CEESP .