La miscelánea fiscal del año entrante “no es una reforma recaudatoria” porque no tiene nuevos impuestos ni aumentó los existentes, pero si aumenta la fiscalización y la carga administrativa a las personas morales, lo que complica el ambiente de negocios.
El socio de la firma Hogan Lovells, Jaime Espinosa de los Monteros Flores, señaló que si se busca recaudar más, lo más sencillo es poner reglas claras y aumentar la base de recaudación, en lugar de criminalizar la actividad económica.
En principio, destacó que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se pagará a partir del 2020 por la prestación de servicios mediante una plataforma tecnológica no se pagaban por las actividades prestadas en territorio nacional por los socios-empleados de las apps.
Advirtió que este primer paso abre brecha para lo que sucederá en el futuro próximo por el avance de la tecnología en el que las big tech o empresas tecnológicas serán gravadas como se propuso en Francia.
“El verdadero reto de la miscelánea fiscal es la implementación para que los particulares reporten sus actividades, y la persecución de los casos de defraudación fiscal al considerarse delincuencia organizada. ”, destacó Espinosa de los Monteros Flores.
También alertó sobre la aplicación sin “filias y fobias” en la persecución de la evasión fiscal por la utilización de facturas falsas, en la que “seguramente habrá casos bandera” para demostrar que existen consecuencias.
Asimismo, advirtió que los cambios tributarios del año entrante “no tienen un beneficio” en simplificación administrativa, sino que le provoca una carga administrativa mayor a las personas morales al tener mayor cuidado con quién se realiza negocios para no caer en problemas con el fisco.
Por su parte, Luis Giovanni Sosa, especificó que los cambios en la subcontratación al tener que retener y enterar el IVA para acreditar este gravamen genera más preocupación a las empresas para no caer en dudas sobre el acreditamento por el pago del servicio recibido.
Por último, el director de la firma en México, Francisco Torres Landa, advirtió que en el corto y mediano plazo las finanzas públicas se verán presionadas por el pago de pensiones, por lo que se necesita una reforma fiscal y elevar el pago de las aportaciones, así como elevar la edad de jubilación para “evitar problemas mayúsculos” en 4 o 5 años.