El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) sostuvo que la situación tributaria no puede seguir así y presentará una serie de opciones para que el crecimiento económico, el incremento de ingresos y el abatimiento de la economía informal.
El presidente del IMCP, Héctor Amaya Estrella, señaló que las modificaciones tributarias que propondrán a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, no tienen que ver con un incremento en las tasas de los impuestos existentes, sino una serie de facilidades que permitirían a la economía presentar un mayor dinamismo en un entorno de desaceleración que se anticipa para la segunda mitad del año y el entrante.
El presidente de la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, Jorge García González, señaló que la “situación no puede seguir así”, se requiere un esquema más flexible para las deducciones fiscales, que se han complicado por las diferentes estipulaciones que se tienen en la legislación tributaria.
El vicepresidente del IMCP, Rolando Silva Briceño, abordó que otro tema que ayudaría a la reducción de la informalidad y mejorar la situación pensionaria de las personas es un fondo anticipado que si comenzara con 15 mil pesos de la persona y otros 15 mil del gobierno invertidos, a los 65 años llegaría con un millón y medio de pesos, “sería una historia diferente a la que estamos hablando. No se necesita que sea un contribuyente, se extiende la sombrilla de la seguridad social al sector informal”.
Además, advirtió que aprobar los 2 días de descanso tendría un impacto en las empresas con un encarecimiento de los costos laborales del 15 al 30 por ciento, aunque reconoció que se tienen rezagos importantes con la clase laboral, por lo que se debería de abordar de “una manera gradual” para que México no deje escapar el aspecto coyuntural del nearshoring.
Además, se deben exigir la facturación en sectores como el médico que en algunos casos tiene como política de pago «el efectivo», lo que no posibilita la deducción por no ser un pago por medios electrónicos.
Los fiscalistas coincidieron en señalar que se requiere un análisis profundo para cambiar la situación que vive el contribuyente persona física o persona moral para poder atender los requerimientos sociales, económicos y de política pública que viven los ciudadanos en el territorio nacional.