Si México quiere regresar a los 25 destinos de Inversión Extranjera Directa (IED) tiene que contar con políticas públicas que otorguen y respeten la certidumbre jurídica, así comose adiheran a las tendencias internacionales de cuidado del medio ambiente y transparencia gubernamental, sostuvo la firma Kearney.
En la presentación de Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2022 el director general, Ricardo Haneine Haua, señaló que existe un mayor optimismo sobre la economía global y las empresas con facturación superior a 500 millones de dólares (mdd) son las que tienen contemplado realizar movimientos para incrementar su rentabilidad y competitividad en mercados con baja corrupción y buenas oportunidades de mercado.
El directivo enfatizó que México se ecuentra por tercera ocasión consecutiva (2020-2021-2022)fuera de la lista de los 25 destinos principales para la inversión, por las medidas adoptadas de la administración que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que van contra las principales tendencias de gobernanza y regulación.
Destacó que en el principio del nuevo milenio México llegó a ocupar el tercer lugar como destino atractivo para la inversión foránea, y que ha salido de la lista en los momentos en que no realizó los cambios estructurales en el 2011 y 2012, y cuando pasan en 2013 ingresa a los 25 destinos para invertir.
Advirtió que en caso de aprobarse la reforma eléctrica y del litio, en los términos del Ejecutivo Federal, se perderará competitividad para atraer nuevas inversiones, y la economía mexicana sólo mantendrá atractivo para Estados Unidos y algunos países asiaticos.
Destacó Haneine Haua que a la fecha la plataforma automotriz en México tiene a los principales exponentes de la industria de Estados Unidos, Europa y Asia, pero habrá que preguntarse cómo ven el ambiente para montar sus plataformas de siguiente generación en la que se aborda los autos eléctricos e híbridos para que se produzcan en México.
Explicó que las actuales decisiones de la administración federal no se apegan directamente a las tendencias internacionales de los inversionistas de energías limpias, estabilidad legislativa y respeto a las inversiones.
Finalmente, concluyó que de aprobarse la reforma eléctrica se afectará la competitividad para los 10 a 15 años siguientes.