Entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las agencias calificadoras y el sector privado de México se tienen coincidencias y desencuentros en el manejo de las políticas económicas de al actual administración.
La principal coincidencia que se tiene hacia el gobierno de López Obrador es la disciplina fiscal (con todo y renuncia de Carlos Urzúa Macías) en la que se privilegia la salud de las finanzas públicas nacionales con un equilibrio entre los ingresos y los egresos, así como mantener la ruta descendente de la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).
También se aplaude el continuar en el Presupuesto de la Federación con el superávit primario, es decir, los ingresos son mayores a los gastos antes del pago de interés por la deuda.
El superávit primario se ha presentado desde el 2017, 2018, 2019 y se prevé que en el 2020, así como en el resto de la administración se mantenga presente.
Asimismo, se reconoce la desaceleración económica que vive la presente administración, sin embargo, dice que transformación sigue en marcha con buenos resultados.
Además, se tiene convergencia entre la Presidencia y el sector privado la lucha contra la corrupción, que de acuerdo con la iniciativa privada, su desaparición deberá aportar un punto al PIB.
Entre las principales diferencias o divergencias en el sector privado y el Presidente se encuentra la forma de enfrentar a la corrupción con la cancelación de obras como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), los contratos con Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se encuentran en arbitraje internacional, las licitaciones públicas que han pasado más a las adjudicaciones directas y otras decisiones de programas sociales que no impulsan un México productivo de manera directa.
El desencuentro más fuerte entre el sector privado y las agencias calificadoras se tiene en la política energética al plantear una construcción de una nueva refinería con el objetivo de ser autosuficientes en gasolinas, la indefinición de las siguientes rondas petroleras, la cancelación de las subastas eléctricas, principalmente.
Asimismo, se discrepa con el Presidente en los proyectos de infraestructura: el Aeropuerto de Santa Lucía que se encuentra en suspensión por el “sabotaje legal” de los 36 amparos y la construcción del tren maya.
En este ambiente de diferencias todavía no se establece ninguna cifra negativa o de cero crecimiento económico, pero si se establecen comparativos con las anteriores administraciones.
Lo realmente importante es que la población mexicana, pobres y ricos, vean que su calidad de vida no sea mermada por la nueva administración, que, sin duda, su objetivo de elevar la calidad de vida debe conciliar con los diferentes sectores productivos para tener un sano desarrollo económico en el que los agentes económicos y el Presidente se encuentren realmente del mismo lado y no sólo de apariencia.
El Presidente López Obrador deberá mostrar una capacidad de estadista si quiere lograr el crecimiento del 4 por ciento en promedio, con una transformación real de México.