La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte que lo preocupante de la consulta ciudadana se refiere a la determinación de las cuestiones tributarias.
El sector patronal indicó que la semana pasada fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que modifica los artículos 35, 36, 73, 81, 83, 99, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular.
La atención mediática se concentró en el tema de la revocación de mandato ante el temor de que ésta abriría la puerta para una eventual reelección del Ejecutivo. Sin embargo la iniciativa de consulta popular es mucho más amplia y profunda.
La iniciativa de consulta popular, tal como está planteada, supone una Trampa del cuarto año de gobierno pues abre la puerta para que decisiones de carácter técnico y de gran responsabilidad estratégica para México, como quién paga impuestos, sean decididos por la población manipulada.
La reforma constitucional en materia de consultas populares propone que éstas tengan carácter vinculatorio, es decir, que el resultado de la elección sea implementado con carácter obligatorio cuando participe más de 25 por ciento de la lista nominal de electores, es decir 21.7 millones de mexicanos.
Esto supondría que una consulta podría ser vinculante con tan sólo el voto de tres entidades federativas como Ciudad de México, Estado de México y Veracruz, o con el voto de las personas de 20 a 29 años.
Con este pequeño porcentaje las consultas podrían poner en riesgo asuntos altamente críticos para la estabilidad de la nación como son los ingresos fiscales, alertó la Coparmex.
“Esto se debe a que la iniciativa aprobada pretende permitir consultar quiénes estarían obligados al pago de impuestos, así como determinar los actos o actividades gravados por los impuestos”, especificó.
La Coparmex señaló que es evidente el uso de estrategias político-electorales para tomar decisiones inherentemente técnicas supone un retroceso para el país.
“Esto es muy peligroso. Nada en materia fiscal o financiera debe ser objeto de consulta dado el alto nivel profesional y de información que se requiere para tener una opinión válida en este tema».
En Coparmex siempre hemos defendido la participación ciudadana como una forma de empoderamiento de una sociedad madura y consciente de sus obligaciones y responsabilidades”.
El sector patronal señaló que utilizar la consulta para materia fiscal supone que las decisiones puedan ser tomadas sin un análisis técnico riguroso, y destacó que las decisiones de ingresos no deben de ser tomadas con base en qué tan populares puedan llegar a ser, sin considerar las severas consecuencias para la sustentabilidad de las finanzas públicas y la inversión pública.
“Los impuestos o las contribuciones nunca han sido populares para la mayoría de las personas. De ser puestos a consulta terminarán disminuidos o peor aún, afectando desproporcionalmente a una minoría”, advirtió la Coparmex.
De ponerse a consulta el cobro de impuestos, la certidumbre del presupuesto de ingresos quedaría a la deriva, y con ella la posibilidad de un desarrollo económico dinámico y equitativo, alertó el sector patronal.
El gobierno tiene la responsabilidad de determinar quiénes pagan impuestos y las actividades económicas que deben hacerlo porque es también su responsabilidad velar por un gasto sano, enfatizó el sindicato patronal.