El decreto presidencial para que las obras de infraestructura federal como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería Dos Bocas y el tren maya sean consideradas de seguridad nacional causó críticas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La cúpula empresarial que preside Carlos Salazar Lomelín especificó que su “desacuerdo y fuerte preocupación” por el decreto presidencial publicado ayer por la tarde al exponer que proyectos y obras a cargo del gobierno evaden diversas normas constitucionales y legales que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción.
Precisó el CCE que la Ley de Seguridad Nacional actual no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional, sino que contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad, como la protección de la nación, preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio.
Agregó que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, que representa la pluralidad democrática en México, por lo que este Acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley.
Asimismo, el Acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional en un plazo de 5 días hábiles.
Esta decisión prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión.
Por su parte, la Coparmex que preside José Medina Mora Icaza, argumentó que el decreto es violatorio de la Constitución porque atenta contra la división de poderes al evadir con un acuerdo disposiciones que soy ley aprobada por el Congreso de la Unión.
Además, destacó que atenta contra la libre competencia y fomenta la discrecionalidad en la realización de obras públicas; transgrede mecanismos legales de consulta y participación ciudadana como son las consultas a pueblos indígenas y en materia ambiental.
Finalmente, el CCE manifestó su rechazo y hace un llamado a defender la legalidad y el estado de derecho para proteger el medio ambiente, la seguridad pública y los derechos humanos, garantías que no pueden estar sujetas a la discreción de las autoridades en turno, mientras que la Coparmex advirtió la gravedad de la medida publicada y le solicitó al Poder Ejecutivo a revertir su publicación.
Critican CCE y Coparmex decreto presidencial de obras de infraestructuras
