La aprobación de los recursos del presupuesto de Egresos debe orientarse a proyectos sociales y de infraestructura deben concentrarse en los que se encuentran reglamentados correctamente y alejados de una explotación de beneficios políticos para contar con crecimiento económico.
El Centro de Estudios Económicos del Sector privado (CEESP) indicó que el Congreso aprobó la Ley de Ingresos para el 2020 con un total de recursos por 6 mil 107.7 millones de pesos (mdp), cifra que finalmente superó en 11.4 mdp el monto original propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La aprobación del Egresos que debe darse a más tardar el 15 de Noviembre debe asignar los recursos de manera eficiente, transparente, equitativa y con reglas claras de los recursos para que el gobierno cumpla con sus obligaciones de construcción de infraestructura y el bienestar de los hogares.
Detalló que la asignación de recursos debe orientarse fundamentalmente a los programas con reglas de operación y padrones de beneficiarios claros, transparentes y con probada rentabilidad social.
El presupuesto podrá contribuir a detonar la inversión privada y estimular el crecimiento económico, enfatizó el CEESP.
“La asignación de recursos presupuestarios a programas asistenciales sin reglas de operación y sin padrones claros, transparentes y a proyectos de inversión emblemáticos sin estudios de rentabilidad puede ser el camino de mayor rentabilidad política, pero no ayudaría a resolver el problema de falta de crecimiento económico, lo que finalmente actuaría en contra del abatimiento de la desigualdad y la pobreza, probablemente sin perspectivas claras de un mayor ritmo de crecimiento y apuntando a uno más bien pobre en los años por venir”, destacó.
Para el sector privado el proyecto de presupuesto de egresos refleja en buena medida la preferencia por cumplir con los programas sociales de transferencias sin condiciones y asistenciales recientemente instrumentados, y con un sacrificio continuado de la inversión física en infraestructura.
El gobierno contará con 6 mil 107.7 mdp para gastar en 2020 y si se respeta la estructura del presupuesto propuesta, los recursos se destinarán preponderantemente a los rubros de bienestar y energía, donde se concentran los programas sociales insignia del gobierno (jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, entre otros) y los apoyos a las empresas productivas del estado: Pemex y CFE.
“Como se plantea hasta ahora, esto impide la inversión privada, mantiene el control del Estado e inhibe la recuperación de la producción en el sector energético”.
El hecho de que las autoridades insistan en canalizar recursos a programas con poca viabilidad contribuye también a fortalecer la incertidumbre ante la poca claridad del beneficio de dichos programas, alertó el CEESP.
La estructura original del proyecto de presupuesto enviado a la Cámara de Diputados muestra que, en la clasificación administrativa del gasto programable, el gasto en energía crece 72 por ciento real y el de bienestar lo hace en 11 por ciento.
Por el contrario, para salud se presupuesta una disminución real de 0.1por ciento, para trabajo y previsión social una baja de 35.8 por ciento y para medio ambiente y recursos naturales, que incluye recursos hidráulicos, una de 7.7 por ciento.
Los diputados deben analizar y definir cuál será la mejor opción para el país en la asignación del gasto público del año entrante.
En un entorno macroeconómico que apunta hacia un magro crecimiento económico en el que por lo pronto el ingreso per cápita de la población está decreciendo, el sacrificio de la inversión pública parece un despropósito.
En todo caso, la decisión de los diputados en la aprobación del presupuesto de egresos 2020 debería reflejarse en una mayor eficiencia del gasto público que, propicie más bienestar sobre bases productivas y sostenibles e impulse la inversión privada, recomendó el sector privado.