Media docena de aspectos preocupan al sector privado sobre la estrategia gubernamental para atender la crisis sanitaria y económica que vive México porque no ayudan a la disminución de la pobreza, por el contrario, se pronostica un incremento de la misma por desempleo y desaparición de empresas.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló que el primero es la insistencia en impulsar proyectos de infraestructura: Tren Maya, sistema aeroportuario basado en Santa Lucía y refinería de Dos Bocas, cuya rentabilidad social no ha sido evaluada y, como se ha sostenido en este espacio, es probable que no la tengan, además de ir en contra de toda lógica ambiental.
El segundo es la consolidación de sus programas sociales, de corte asistencial, y que ahora se presentan como los instrumentos de apoyo ante la crisis sanitaria-económica, pero eso no está claro.
El CEESP destacó que son básicamente los mismos que ya estaban en el presupuesto aprobado “pre Covid”. No se sabe si funcionan o cómo lo hacen porque no hay reglas de operación y no se conocen sus padrones.
Con relación a estos dos aspectos, parecería que el gobierno sigue el curso trazado previo a la contingencia sanitaria ignorando sus graves consecuencias.
El tercero, la profundización de una política de austeridad republicana que no tiene ninguna justificación aparente y que ahoga el gasto de operación de las agencias gubernamentales.
“Mantener una excesiva austeridad para cumplir con el objetivo de balance fiscal cero, en medio de la contingencia que se vive, es simplemente incomprensible”, destacó el sector privado.
El cuarto, la negativa de actuar en forma decidida para mitigar los daños a las personas que quedan desempleadas y sus familias, a los trabajadores informales, principalmente en las áreas urbanas, que buscan el sustento diariamente.
El quinto, la renuencia a apoyar a las empresas, de todos tamaños, a fin de proteger el empleo y su propia supervivencia. Se argumenta no ceder a peticiones de rescate y condonaciones “de los de arriba”, que simplemente no han existido.
El sexto, las autoridades sanitarias ignoran las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias prestigiadas para el uso extendido de pruebas de diversos tipos, que podrían identificar contagios del virus oportunamente y poner en marcha políticas de identificación de focos de propagación y rastreo, como se está haciendo en muchos países.
El gobierno también ha endurecido su política de recaudación tributaria, lo que es plenamente justificado y no sólo es su derecho sino también su obligación, pero lo que no se justifica es que sea prácticamente la única relación con el sector privado, ciudadanos y empresas.
“Los seis aspectos de la política gubernamental señalados arriba forman parte de una mezcla cuyas consecuencias pueden ser muy serias para el país y que ya comienzan a dar señales en ese sentido, como se refleja en las expectativas respecto al crecimiento de la economía que se revisan continuamente a la baja con las implicaciones naturales en términos de elevación de la pobreza”.
El CEESP indicó que es necesario insistir una vez más en que, aunque ya tarde, es imprescindible tomar acciones decididas cuanto antes para enfrentar la emergencia económica, proteger a las familias, empleos y empresas, facilitar la inversión pública y privada en proyectos viables y rentables socialmente para proteger la salud económica y física de la ciudadanía, concluyó el CEESP.
