El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, giró la instrucción a la consejería jurídica del Ejecutivo Federal para renegociar 8 contratos de los servicios privados en los penales federales por abusos en contra del erario.
El mandatario federal encabezó la presentación del reporte de la revisión de los contratos de prestación de servicios privados en penales federales del país que se encuentran en Sonora, Oaxaca, Durango, Chiapas, Guanjuato, Morelos, Michoacán y en Guanajuato, que tienen convenios en 2010 y 2011.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se analizaron ocho contratos suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, coordinador general de Centros Federales; Arturo Sosa Viderique, director general de Administración de la ex Coordinación General de Centros Federales y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, director de adquisiciones de la misma dependencia, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad.
Los proveedores actuales son: Exi Quantium, CIA. SA, DIP concesionaria duranguense, Capital Inbursa, Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán y Black Rock.
En los últimos nueve años se ha pagado un total de 75 mil 661 millones 735 mil 763 pesos (mdp). Esta cantidad es correspondiente al 36 por ciento del pago total que asciende a 266 mil 300 mdp, es decir, hay un adeudo de 190 mil 638 mdp que terminaría de pagarse hasta 2037 en algunos casos.
El mandatario instruyó a la consejería jurídica de la Presidencia de la República dialogar con los proveedores para llegar a acuerdos que reviertan las cláusulas abusivas en contra de la hacienda pública.
Anunció el primer mandatario que de no concretar una solución se presentará una denuncia en lo civil para cancelar los contratos.
El consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, destacó que al término de los contratos las instalaciones no serán propiedad del gobierno federal o bien podrán ser objetos de un nuevo contrato y que se deberá de pagar como si tuvieran una ocupación al 100 por ciento.
En los ocho centros penitenciarios privatizados en los que se realizó la revisión hay un total de 12 mil 284 Personas Privadas de la Libertad (PPL) con una ocupación menor al 80 por ciento.
El jefe del Ejecutivo dijo que aun cuando todavía no se termina de limpiar el gobierno de prácticas ilegales “estamos convencidos y comprometidos a desterrar la corrupción del país”, concluyó.