La lucha contra la corrupción cuenta con lentos avances y grandes retos que deben ser complementados por el gobierno para impulsar y aprovechar el cambio de actitud ciudadana, sostuvo el Ethos, laboratorio de políticas públicas.
Uno de los principales avances es la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que presenta una “avance lento por diversas circunstancias: falta de voluntad política, falta de recursos, desinterés del gobierno federal y de los gobiernos estatales, pero avanza en sus diferentes instancias y a nivel estatal”, investigador y asesor en materia anticorrupción, Emiliano Montes de Oca.
Investigador y asesor anticorrupción en Ethos
El especialista de Ethos, enfatizó que “la impunidad sigue como la principal razón de la corrupción porque mayoría de los mexicanos no perciban un avance en su contra”.
Destacó que no ven una mejoría económica en el desarrollo del país y de sus bolsillos al pagar sus impuestos para un país con mejores niveles de bienestar.
Además, consideró que otra deficiencia es que “el gobierno federal y los gobiernos estatales siguen centralizando el combate a la corrupción, creen que desde el Poder Ejecutivo, desde la Secretaría de la Función Pública van a poder hacer todo, y se deja de lado toda la estructura para realizar un combate integral y por eso seguimos viendo casos que se caen, denuncias que no llegan a las acciones penales”.
Investigador y asesor anticorrupción en Ethos
Agregó que se ven discursos en que lo enmarcan como prioritario, pero realmente no se ve transformado en acciones concretas: capacitación a los servidores públicos, seguimiento a las denuncias, mayores recursos, inclusión a la sociedad civil, etc.
Destacó que en la sociedad civil “hay un cambio de conciencia”, pero se necesita un cambio en el gobierno porque “siguen pensando que las autoridades son corruptas y desconfían de las instituciones y en caso extremo seguirán realizando actos indebidos porque saben que no hay consecuencias”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, entre 2013 y 2019, la cifra pasó de 12 a 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes.
Los estados que presentaron la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción fueron: Durango, Ciudad de México y estado de México y las que presentaron menores son los estados de Nuevo león, Colima y Zacatecas.
El monto total que erogaron las personas por actos de corrupción al realizar pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos o por otros contactos con autoridades en 2019 ascendió a 12 mil 770 millones de pesos (mdp), de los cuales se estimó que 18 por ciento correspondió a la corrupción por el contacto con las autoridades de seguridad pública.