La reforma presidencial de la industria eléctrica enviada al Congreso de la Unión debe ser rechazada por la afectación en la producción de energías limpias y la incertidumbre que genera en los inversionistas, afirmó el International Chamber of Commerce México (ICC México).
Además, afecta irreversiblemente los derechos humanos de los mexicanos relativos a la salud y a un ambiente sano, y se contrapone a los principios de austeridad en el gasto del gobierno, porque tendrían que incrementarse los precios de la energía eléctrica al público o subsidiar con recursos públicos el consumo energético de la industria y los hogares mexicanos.
La aprobación de la reforma propuesta afectaría a usuarios finales, desarrolladores, generadores, permisionarios y sus socios autoabastecidos, permisionarios, contratistas, en general, a diversos sectores de la sociedad.
Su aprobación por el Poder Legislativo contraviene los estipulado en los acuerdos comerciales internacionales que tiene firmados el país con diferentes naciones, al contravenir la prohibición de los monopolios, la irretroactividad de la ley y el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
El International Chamber of Commerce México se pronuncia porque haya una mejoría en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de la compra y distribución eficiente de energías limpias y más baratas que beneficiarán al consumidor final.
También se otorgaría certidumbre a los inversionistas en las reglas del mercado para la producción de energías sustentables y sostenibles; una mayor y más sana competencia en el sector energético mexicano y, sobre todo, mayor eficiencia en la producción de energía.
“Es importante que nuestro país mantenga la confianza empresarial sobre el respeto a la certidumbre jurídica y el Estado de derecho, y continuar con la generación de energía de muy bajo costo, plano en el que México ya era líder”, destacó el ICC México.
Finalmente, hacemos un llamado a los integrantes del Congreso de la Unión para que en un análisis crítico y detallado, a través de un parlamento abierto, observen que las reformas planteadas a la Ley de la Industria Eléctrica en la Iniciativa Preferente irían en contra de garantizar la calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional; evitar el incremento de las tarifas del servicio eléctrico en términos reales para el consumidor final y estimular la competencia en condiciones de equidad a partir de la mejora de la estructura de costos entre los participantes en el sector.