Los contadores públicos buscarán en el Senado de la República se precise que las obligaciones de revelación se apeguen de acuerdo con la normatividad de la auditoría y no tenga impactos en el precio del servicio.
Se modificó las cuestiones de revelaciones que tienen que cumplir los contadores en materia de conducta tributaria y arancelaria de los contribuyentes.
“En el tema de independencia si el SAT dice mediante reglas que no estamos obligados a calificar un delito, ni para buscar identificar un delito fiscal, ni para tipificarlo, pero si dentro de la auditoría identificamos la posible evasión, estamos obligados a revelar, así lo dice nuestra propia profesión”.
Diamantina Perales Flores, presidenta imcp
Perales Flores señaló que si para el llenado del Sipread (aplicación para la presentación del dictamen fiscal) no prevé un aumento en los precios del servicio si no hay que requerir mayor tiempo para realizarlo de acuerdo con los requerimientos de información del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Explicó la presidenta saliente del IMCP que al eliminarse la responsabilidad de informar de conductas fiscales indebidas ya no se tiene que contratar un tercero para revisar nuevamente el trabajo realizado, lo que “encarecería la auditoría”.
El presidente de la Comisión Representativa del IMCP ante las Administraciones Generales de Fiscalización del SAT, David Nieto Martínez, explicó que no existe un tabulador para cobrar el servicio de auditoría para una revisión para efectos fiscales y que depende en gran medida de los recursos humanos para realizar el dictamen de estados financieros.
De acuerdo con despachos contables un dictamen para pequeñas empresas comienza desde 30 mil pesos hasta los grandes corporativos que pagan desde 250 mil pesos en adelante.
Perales Flores destacó que el paquete económico y la miscelánea fiscal para el año entrante van con la idea de endurecer la vigilancia tributaria para lograr la recaudación de 3.9 billones de pesos con una simplificación tributaria y algunos estímulos fiscales en la compra de activos que pretenden impulsar la reactivación económica de México.