Las políticas públicas y los programas sociales del gobierno federal no han abonado al desarrollo y crecimiento económico, a lo que hay que sumar la reforma judicial que genera desconfianza en la inversión privada, sostiene el sector privado.
En su Análisis Económico Ejecutivo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advierte que destacó que la inversión privada representa el 90 por ciento del total y parece que las políticas públicas han estado dirigidas al gasto en consumo del gobierno, más que a la generación de un entorno propicio para que los ciudadanos y las empresas se desarrollen eficientemente.
Señala que la evolución de la inversión privada, después de 8 semestres consecutivos con variaciones positivas, muestra su primer resultado negativo al caer a una tasa anual de 4.4 por ciento en el primer semestre de este año, aparentemente debido a la incertidumbre generada en buena parte por la aprobación y eventual puesta en marcha de la reforma judicial.
El nuevo poder judicial aviva el nerviosismo por la falta de reglas claras y congruencia, aunadas a la debilidad del estado de derecho.
Inversión y gasto en 2026
El CEESP enfatizó que las bondades de la inversión pública en el mediano y largo plazos se deben reflejar en un beneficio para la población, siempre y cuando sea rentable socialmente y capaz de facilitar y detonar la inversión privada, que es la principal fuente de generación de empleos de calidad y de mayor bienestar para los hogares.
La debilidad de las fuentes de ingresos y un posible recorte del gasto público en 2026 ponen en riesgo los objetivos planteados al menos para el mediano plazo y de no corregirse sus debilidades estructurales.
Se anticipa que el presupuesto público enfrentará algunos problemas: gasto reprimido que ayuda a mantener la salud fiscal pero que inhibe el crecimiento, reduce los ingresos públicos y afecta la inversión física y los programas sociales, concluye el CEESP.
