El crecimiento económico y la inversión en México se ven amenazados por las políticas del nuevo gobierno en materia energética y asistencia social, señaló el sector privado.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) apuntó que dicha situación de “nerviosismo” es producto de las promesas de campaña que anticipaban programas asistenciales con un limitado impacto en el crecimiento de la economía, pero un importante costo para las finanzas públicas, además de cambios severos en materia de políticas públicas.
Además, por las decisiones y políticas instrumentadas que han ido acumulando incertidumbre en los mercados.
“La sensibilidad de los mercados a eventos que pueden afectar la dinámica de la actividad productiva del país es elevada y su respuesta puede reflejarse en menores flujos de inversión productiva propiciando un crecimiento económico débil, limitando la capacidad de generación de empleos y bienestar de la población”, advirtió el CEESP.
Señaló que hasta ahora la evolución de las principales variables económicas confirman un frágil dinamismo que en buena medida se podría relacionar con las decisiones de cancelar el NAIM, el cambio en la estrategia de distribución de combustibles, así como la política petrolera que pareciera tener la intención de volver a cerrar la posibilidad de participación del sector privado en temas como extracción, perforación y distribución.
El cambio de estrategia en la distribución de combustibles incidió negativamente en el comportamiento de la producción de bienes y prestación de servicios, como se infiere del comportamiento que tuvieron las variables económicas en el último mes del 2018.
Asimismo, la política petrolera parece anticipar la asignación de mayores recursos por parte del gobierno federal ante la ausencia de capital privado, lo que podría incidir negativamente en las finanzas públicas en un entorno de limitados recursos.
Ante esta coyuntura las expectativas de crecimiento se han ido ajustando a la baja y la más reciente revisión después de la que anunció el Banco de México corresponde a la OCDE, que a mediados de la semana pasada dio a conocer su reporte sobre Expectativas Económicas Intermedias, en el que anticipa que México crecerá 2.0 a 2.3 por ciento este año.
Si bien las autoridades no han recibido de buena manera estos ajustes en las previsiones, señalando que están equivocados y finalmente la economía crecerá más de lo que estiman los especialistas, tampoco lo han hecho con la opinión de las calificadoras en cuanto a la percepción sobre la calificación crediticia de nuestro país.
La opinión de las calificadoras responde a un análisis oportuno, técnico y de calidad de la situación financiera y crediticia de las entidades o emisores, de tal manera que los inversionistas cuenten con información confiable y oportuna para la toma de decisiones de inversión.
El CEESP indicó que desde Octubre del año pasado, las calificadoras han reflejado su nerviosismo sobre este y otros temas que inciden en el perfil financiero del país.
El 19 de octubre del 2018 la calificadora Fitch Ratings redujo la nota de Pemex a negativa debido al deterioro en su perfil crediticio y al anuncio de que se llevarían a cabo cambios en la estrategia comercial de la empresa que podrían acelerar el debilitamiento de la estructura de su capital.
La preocupación sobre la solidez financiera de Pemex y su incidencia negativa en la calificación soberana de México sigue presente en este año.
El pasado 29 de Enero la calificadora Fitch Ratings redujo las calificaciones crediticias de Pemex en moneda local y extranjera a largo plazo, como consecuencia de su elevada dependencia del gobierno federal, de la cada vez menor producción de hidrocarburos y los menores flujos de inversión.
Días después, el 01 de Marzo, Standard & Poors revisó la perspectiva de la deuda soberana de México de estable a negativa, ya que “refleja el riesgo de que un reciente cambio en políticas públicas dirigido a reducir la participación de la iniciativa privada en el sector energético, aunado a otros eventos que han afectado negativamente la confianza de los inversionistas, podrían aumentar los pasivos contingentes del soberano y disminuir el crecimiento económico”.