Los ejecutivos de finanzas sostienen que se pueden obtener mejores resultados en la regulación del outsourcing o subcontratación al tomar en cuenta al sector productivo para fomentar la generación de empleo e inversión.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) afirmó que apoya el cumplimiento de las obligaciones patronales y fiscales, así como la gestión empresarial responsable.
Sin embargo, la iniciativa presentada el pasado 12 de Noviembre por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Infonavit, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del ISR y de la Ley del IVA en materia de subcontratación necesita mejores condiciones para enfrentar el severo impacto de la pandemia sobre el crecimiento económico y el empleo.
El IMEF señaló que el esquema robusto de bienestar debe necesariamente contemplar la reducción de la informalidad, ampliar el acceso de todos los trabajadores hacia un modelo efectivo de seguridad social para evitar su incremento por esquemas restrictivos.
El combate al uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación no debe darse a costa de esquemas de subcontratación basados en buenas prácticas internacionales que acatan las leyes, respetan las obligaciones sociales y fiscales por parte de las empresas proveedoras.
Se debería fortalecer el marco jurídico correspondiente sin ocasionar la cancelación de fuentes de empleo que se encuentran bajo la legalidad.
La iniciativa o los dispositivos legales posteriores deben precisar el término “especialización” y sus alcances ya que al prohibir la subcontratación también establece que no se considerará como tal la prestación de servicios o ejecución de obras especializadas.
También debería de ofrecer un periodo de transición, ya que el decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación y se requiere tiempo para la migración de puestos de trabajo al nuevo esquema.
Asimismo, se debería evaluar el impacto de la iniciativa en materia de competitividad y el atractivo de México como destino de la inversión y en el marco de los acuerdos internacionales aplicables.
El IMEF sugirió revisar la aplicación de la PTU ligada a esquemas de productividad, lo que podría impulsar diversos beneficios para la economía nacional.
También recomendó cuantificar el costo fiscal y evaluar el riesgo operativo en los tres órdenes de gobierno ante la probable cancelación de puestos de trabajo basados en la subcontratación.
La implementación de medidas aisladas sin consultar al sector productivo para resolver el desafío de la subcontratación podría generar resultados contraproducentes e insuficientes, advirtió el IMEF.