La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicita al Congreso de la Unión la inclusión de los delitos de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y el robo a transporte con causa de prisión preventiva para una lucha efectiva contra la impunidad.
El sector patronal felicitó el avance que han mostrado los legisladores de la Cámara de Diputados y de Senadores para impulsar una iniciativa sobre los delitos relacionados con el uso ilegítimo de programas sociales con fines electorales, la corrupción en diversas modalidades, y el robo de hidrocarburos para que sean catalogados como graves.
Sin embargo, le preocupa y parece inadmisible y preocupante, que algunos delitos que se habían considerado para ampliar la lista, quedaron fuera de este catálogo de los ilícitos cuyo enjuiciamiento implicará la prisión preventiva.
En la reforma legislativa que se está discutiendo hoy en el Congreso de la Unión, delitos como la portación de armas de uso restringido de las fuerzas armadas y el robo a transporte de carga han sido eliminados del catálogo de delitos graves.
En 2017, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR), se abrieron 96 mil 035 carpetas por delitos del orden federal, y uno de cada siete fue por posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, el robo al transporte de carga, se ha incrementado en forma exponencial en los últimos años. Se estima, de acuerdo a la estadística de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) entre 2013 y 2017, el robo a transporte de carga se incrementó en un 480 por ciento.
Tan solo en 2017 se registraron un total de 10 mil 230 robos a los transportes de carga, lo cual representó una pérdida para las empresas, de 92 mil 500 millones de pesos.
Bajo esta panorámica la Coparmex consideró “impostergable que en el proceso legislativo, esos delitos se incluyan en el catálogo de los que serán merecedores de prisión preventiva, evitando así que se mantenga el fenómeno de puerta giratoria, que resulta ya una burla para la justicia y un claro fomento a la impunidad”.
El sector patronal indicó que la ampliación del catálogo de delitos en los que el Ministerio Público puede solicitar prisión preventiva oficiosa, es una señal esperanzadora de que el combate a la impunidad será una asignatura prioritaria para el gobierno federal.