La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que por la eliminación del outsourcing el año pasado este 2022 más de 150 mil empresas pagaron utilidades (PTU) por más de 180 mil millones de pesos (mdp).
La titular de la dependencia, Luisa María Alcalde Luján, en la presentación de resultados de la participación de los trabajadores en las utilidades 2021 destacó que 2.7 millones de trabajadores que antes estaban en empresas outsourceras o insurceras recibieron este beneficio laboral que se erosionó en los últimos 40 años.
Luján Alcalde precisó que este universo de colaboradores recibió 183 mil 249 mdp de mil 112 actividades económicas, entre las que destacaron la industria farmacéutica, comercio mayorista, minería de cobre y zinc, telefonía celular, tiendas departamentales, servicios de explotación y rpducción minera, bancos, fabricación de preparaciones farmacéuticas, fabricación de otros productos metálicos y autopartes.
El monto de PTU repartido tuvo un incremento de 109 por ciento en comparación con el año previo de 87 mil 645 mdp.
En este año las empresas que rapartieron utilidades fueron 153 mil 584, un crecimiento de 72.5 por ciento en comparación con las 89 mil 038 que lo hicieron el año pasado.
Alcalde Luján indicó que los trabajadores se encuentran más informados de sus derechos laborales, por lo que se incrementó en un 95 por ciento el número de asesorias (8 mil) que realizó la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores (Profedet) en comparación con años anteriores.
Además, adelantó que para avanzar en la formalización del empleo se encuentra en proceso un convenio con el gobierno de Michoacán para formalizar productores agucateros.
La funcionaria federal indicó que esta nueva estrategia de dignficación del trabajo no sólo beneficia a los trabajadores, también a las empresas por reducir los gastos de capacitación de sus colaboradores al tener mejores perespectivas laborales.
Finalmente, se actualizó que el Registro de Empresas Especializadas (REPSE) es de 109 mil empresas que se tienen registradas en la STPS para certificar que las empresas realizan actividades fuera del objeto social de la empresa contratante.