El sector patronal apoya las decisiones del gobierno en el combate de actos ilícitos en el sector energético, lo que no requería una reforma como la aprobada por el Congreso de la Unión que pone en riesgo la competencia y la inversión en el sector.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) apoya la transformación de México, pero siempre con respeto a la máxima ley de nuestro país: la Constitución.
“Nos preocupa que estos cambios tan relevantes a la ley se hayan realizado sin una previa consulta a los expertos y, más aún, en un proceso fast track que impidió la discusión y el debate informado sobre las afectaciones que estas medidas pueden tener para los consumidores, y que en el Senado se avale esta semana sin un análisis profundo en el que participen diversos sectores”.
Confederación Patronal de la República Mexicana
El sector patronal coincide con la postura de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de que la reforma que protege a Pemex frente a sus competidores, terminará afectando a los mexicanos, los mercados sólo operan en beneficio de los bolsillos de los consumidores y el interés público cuando están bien regulados.
Destacó la Coparmex que apoya todas las acciones del gobierno de México encaminadas a fortalecer el sector energético cuando se trate de combatir los ilícitos y de poner orden para que los permisionarios cumplan con sus obligaciones y operen en la legalidad.
“Sin embargo, consideramos que para lograr estos fines no era necesario realizar las modificaciones legales que fueron aprobadas en el Congreso, ni establecer sanciones tan severas como la revocación de permisos por causas ambiguas”. Consideró el sector patronal que la Ley de Hidrocarburos aprobada por el Poder Legislativo afecta la libre competencia, desalienta las necesarias inversiones en ese sector, dañan los bolsillos de los consumidores y constituyen una violación a la Constitución.
Confederación Patronal de la República Mexicana
Consideró el sector patronal que la Ley de Hidrocarburos aprobada por el Poder Legislativo afecta la libre competencia, desalienta las necesarias inversiones en ese sector, dañan los bolsillos de los consumidores y constituyen una violación a la Constitución.