La comunidad de comercio exterior consideró que la integración de las fuerzas armadas a la administración de las aduanas marítimas y terrestres debe ser temporal porque su inexperiencia en operaciones y flujo de comercio internacional podría afectar el flujo comercial.
El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) manifestó su posición de cautela sobre la decisión presidencial de incorporar a las fuerzas armadas en el control de la administración de las aduanas y puertos en el país.
La medida tiene la finalidad de abatir la corrupción que priva en ambas áreas, así como combatir el lavado de dinero, narcotráfico y contrabando de mercancías.
“Si bien el propósito inmediato es plausible, consideramos que esta decisión debe ser temporal, toda vez que las fuerzas armadas tienen la responsabilidad de vigilar y dar seguridad a las operaciones cotidianas en las aduanas y puertos en nuestro país. No hay una certeza plena de que cuenten en la experiencia y conocimiento especializados, para atender las distintas transacciones que en ellas se realizan”.
La decisión anunciada por el gobierno federal, indudablemente genera intranquilidad, debido a que podría obstaculizar el flujo de operaciones de comercio exterior, destacó el Comce.
“En el Comce estamos a favor de que se erradique la corrupción, el contrabando, el tráfico de armas y drogas en las aduanas y puertos, y que los trabajadores y funcionarios coludidos en malas prácticas sean cesados y castigados en apego a las directrices legales correspondientes”.
Sin embargo, la grave crisis estructural que México vive como consecuencia de la pandemia del Covid-19, demanda la activación de acciones dirigidas a contener la contracción de la economía nacional, y a promover una recuperación gradual y sostenida en el corto plazo.
La decisión presidencial asume una posición de riesgo, porque una mala intervención del Ejército y la Marina en la administración de las aduanas y puertos, incrementará sensiblemente la desconfianza hacia nuestro país como destino de inversiones, y provocaría la pérdida de competitividad de las empresas mexicanas, el cierre de negocios, y la consecuente pérdida de empleos.